En menos de 24 horas, la Procuraduría General de la Nación sacó del cargo a dos congresistas del Pacto Histórico, el partido del presidente, Gustavo Petro, a diez días de la segunda vuelta presidencial. Primero suspendió a la representante Gloria Arizabaleta, que un día antes había ordenado apartar a Petro de la Presidencia. Luego hizo lo mismo con el representante Agmeth Escaf, sancionado por un insulto al candidato Abelardo de la Espriella.
Todo empezó el martes, cuando Arizabaleta, en su calidad de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, firmó un auto para suspender provisionalmente a Petro por presunta participación en política. La medida pretendía apartarlo del cargo hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio, la hora exacta en que cierran las urnas de la segunda vuelta.
El movimiento no tenía precedentes y tampoco efectos inmediatos. Según la Constitución, a un presidente solo lo puede suspender la plenaria del Senado, después de que la Comisión de Acusaciones lo investigue y la plenaria de la Cámara avale la acusación. Por eso el propio representante Alejandro Ocampo, también del Pacto, aclaró que Petro no había sido suspendido ni llamado a indagatoria.
El Gobierno y la oposición rechazaron el auto, pero por razones opuestas. Para la oposición, suspender a Petro era en realidad un favor: un presidente fuera del cargo quedaría libre de las normas de neutralidad que le impiden hacer campaña y podría respaldar sin ataduras a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. Por eso hablaron de un “autogolpe”.
Petro lo leyó al revés. En una rueda de prensa en Naciones Unidas, calificó la actuación de Arizabaleta como una extorsión al Gobierno y dijo que, al cruzar esa línea, la congresista ya no actuaba en su derecho de representación “sino como criminal, haciendo un delito”.
Hasta hace pocos días, era Arizabaleta la que estaba en la mira de Eljach: el procurador le había abierto una indagación preliminar, junto a los representantes Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, por la demora en tramitar las denuncias contra Petro. Una inspección de la Procuraduría halló cerca de 290 procesos contra el presidente congelados en esa comisión.
Con su auto, la congresista pasó de golpe de acusada por no actuar contra Petro a protagonista de la jugada más agresiva contra él. Veinticuatro horas después, la Procuraduría la suspendió.
El órgano de control sustentó la medida en un documento de 14 páginas, donde sostuvo que la representante habría incurrido en una presunta falta gravísima al adoptar una decisión para la que no tenía competencia. En paralelo, Arizabaleta enfrenta una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato, presentada por el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao.
*El insulto que costó el cargo*
El segundo suspendido, Agmeth Escaf, cayó por otra vía. Días antes, De la Espriella había leído en redes una lista de más de veinte congresistas y políticos a los que acusó, sin pruebas, de comprar votos para Cepeda. Escaf, que aparecía en ese listado, respondió en una entrevista radial y dijo que el candidato se comportaba “como la perra de los Estados Unidos”.
Esa sola frase bastó para que la Procuraduría le abriera investigación disciplinaria y, de inmediato, lo apartara del cargo hasta el 21 de junio, el día de la elección. La queja la presentó la Red de Veeduría de Colombia, que dirige Pablo Bustos, y que vio en las palabras del congresista un agravio impropio de un servidor público.
“Aquí es muy bravito, aquí es muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante EE.UU. Eso es un coloquio político que existe en todas partes, y ese es su comportamiento”, remató en esa entrevista el representante a la Cámara.
El órgano de control sostuvo que la suspensión está reglada en el Código Disciplinario y que opera como medida preventiva para impedir que la presunta falta se repita. En su providencia, la Sala razonó que Escaf habría incumplido un deber concreto: el de tratar con respeto a un candidato a la Presidencia. También advirtió que las palabras de un alto funcionario, en plena polarización, pueden empujar ambientes de radicalización.
La Procuraduría se cuidó de aclarar que no busca silenciar opiniones, sino exigir cautela en lo que se dice y en cómo se dice. Para sustentar el caso, anunció que recogerá un análisis de informática forense con todas las declaraciones públicas de Escaf sobre De la Espriella entre el 9 y el 10 de junio. Además, le pidió a la Cámara el certificado de su último salario, el que el congresista dejará de recibir mientras dure la medida.
/Colprensa.
