Un motel ubicado en el centro de Medellín terminó en la mira de la Fiscalía General de la Nación porque habría sido utilizado de manera sistemática para facilitar la explotación sexual de menores de edad. Por eso, el Estado tomó control de dos bienes vinculados al establecimiento, valorados en más de 11.000 millones de pesos.
Las autoridades decretaron el embargo, secuestro y la suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble y el establecimiento comercial. Esta acción material, liderada por una fiscal especializada, contó con el respaldo operativo de la Policía y el Ejército.
La intervención judicial responde a múltiples hallazgos en el terreno. Durante varios procedimientos previos, los investigadores constataron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes al motel. Allí, las menores eran sometidas a actividades relacionadas con el presunto delito de estímulo a la prostitución.
El lugar no solo funcionaba para facilitar el abuso de menores de edad. Los agentes recolectaron evidencia que señala que el establecimiento operaba a la vez como un centro de almacenamiento y comercialización de estupefacientes.
Tras la ocupación, las bandas pierden el control físico y comercial del edificio. Las propiedades pasarán de inmediato a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este organismo del Estado se encargará de administrar el bien mientras el proceso judicial avanza para definir su situación definitiva.
/Colprensa.
