El control estatal sobre la operadora de las marcas de lencería y accesorios Lili Pink y Yoi enfrenta un obstáculo operativo y financiero. Tras la incautación de la sociedad Fast Moda S.A.S., administradores de centros comerciales y proveedores de servicios buscan terminar sus vínculos con la empresa, mientras que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) intenta frenar estas cancelaciones para evitar el despido masivo de su personal.
La situación se refleja en los reportes del nuevo administrador designado por el Gobierno. A la fecha, empresarios y operadores inmobiliarios han presentado 87 solicitudes formales, cuyo objetivo es terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento de los locales donde operan las tiendas.
El proceso judicial también alteró la cadena de suministro de la compañía. Varios contratistas suspendieron la prestación de servicios financieros, jurídicos y operativos. A la par, el Estado recibió 23 requerimientos de aliados comerciales que piden precisiones sobre la extinción de dominio que recae sobre la sociedad.
Ante las solicitudes de entrega de locales y el corte de servicios, la SAE advirtió sobre el impacto de frenar la actividad económica de la compañía: el cierre de las tiendas dejaría sin empleo a cerca de 260 trabajadores vinculados a la operación. La entidad enfatizó que la mayoría de esta nómina está compuesta por mujeres cabeza de hogar y madres de familia.
Para garantizar la estabilidad de los empleados, el Gobierno instaló mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo. El mensaje de la entidad estatal a los arrendadores es que los establecimientos continúan funcionando bajo parámetros de legalidad y cumplimiento normativo.
Actualmente, Fast Moda se encuentra bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). El mandatario designado por el Gobierno adelanta un diagnóstico financiero, contable y operativo de la sociedad.
El propósito de esta evaluación es determinar las condiciones reales de la empresa para mantenerla a flote y asegurar su sostenibilidad. Por ahora, el pulso está marcado por la obligación legal del Estado de administrar negocios productivos sin dejarlos quebrar, frente al rechazo preventivo del sector privado a mantener contratos con una sociedad incautada.
/Colprensa.
