La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela presentada por el ciudadano Jhon Jair Segura Toloza, después de comprobar que este hombre ha presentado más de 600 tutelas en todo el país, y que al menos 368 de ellas iban dirigidas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) con un mismo objetivo: lograr que le dieran un esquema de seguridad más grande, llamado «tipo 4».
Segura Toloza pidió, el 10 de octubre de 2025, que un juzgado de Cali obligara a la UNP a ampliar su esquema de seguridad. Dijo que recibió amenazas para que abandonara su intención de ser candidato a la Presidencia. Como el juzgado no le respondió, presentó tres tutelas seguidas por lo mismo. La que llegó a la Corte fue la tercera.
La Corte explicó que presentar varias veces la misma tutela, con los mismos hechos y la misma petición, se llama «temeridad» y está prohibido por la ley. Por eso la rechazó.
El propio Segura Toloza reconoció en su demanda que ya había presentado tres tutelas iguales antes. Aún así, dijo que no le importaba y que, si era necesario, presentaría «mil tutelas más».
La UNP afirmó que el ciudadano usó un «modus operandi» para conseguir el esquema tipo 4. Según la entidad, el hombre «no está en una situación de peligro inminente» y «no ha acudido a practicarse el examen de riesgo» que se necesita para obtener lo que pide.
Otras oficinas judiciales confirmaron el volumen: una relacionó 672 tutelas y otra contó 382 solo en Cali desde 2010. De las 368 tutelas presentadas contra la UNP, la mayoría —300, es decir el 81,5%— le fueron negadas. Solo 39 le resultaron favorables.
La Corte también revisó por qué presentaba tantas tutelas. La conclusión fue que casi todas se referían al mismo tema: estar inconforme con su esquema de seguridad, con los escoltas o con los vehículos asignados.
Segura Toloza no está desprotegido. Es líder social y representante de la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica, e ingresó al programa de protección de la UNP en 2012. Desde 2019, por orden del Consejo de Estado, tiene asignados un vehículo, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Pero él considera que eso no le alcanza, según explicó la Corte.
El punto clave, según la Corte, es este: para subir el nivel de protección hace falta un examen de riesgo, y el ciudadano no se lo ha querido hacer. El 5 de agosto de 2025 la UNP intentó hacérselo, pero no pudo, porque Segura Toloza recusó al director de la entidad —es decir, pidió apartarlo del caso— alegando que era su «enemigo personal». Varios juzgados le pidieron que colaborara y asistiera a la entrevista de evaluación, pero no lo hizo.
La Fiscalía General de la Nación, que investiga varias de sus denuncias, encontró cosas que no cuadran. En algunos lugares donde el hombre dijo haber sido amenazado, los vecinos afirmaron no conocerlo. Un puesto de Policía no tenía registro de los hechos que él denunció. Y el jefe de seguridad de una clínica donde dijo haber tenido un incidente afirmó que nunca supo de algo así.
La Corte incluso citó lo que el ciudadano le respondió a un investigador que lo llamó: «Doctor, muchas gracias por comunicarse, pero yo no me acuerdo de esos hechos».
Mientras la UNP cumplió una orden temporal de un juzgado, durante 16 meses gastó cerca de $356,7 millones en el esquema tipo 4. Ese esquema fue retirado después, porque el ciudadano nunca demostró que necesitara ese nivel de protección.
La Corte recordó que a Segura Toloza ya le habían llamado la atención al menos 30 veces por usar mal las tutelas, y que lo habían condenado a pagar costos en al menos diez ocasiones. También presentó escritos en los que insultaba a los jueces, llegando a llamarlos «delincuentes de cuello blanco».
Además de rechazar la tutela, la Corte tomó varias medidas para frenar el problema. De ahora en adelante, cada vez que Segura Toloza quiera presentar una tutela contra la UNP deberá anexar una copia de esta decisión, y las oficinas que reparten las tutelas en Cali, Pasto y Bogotá tendrán que adjuntar la lista de todas las que el ciudadano ya presentó, para que los jueces detecten las repetidas.
Los jueces del país, además, pueden negarse a tramitar tutelas suyas si contienen insultos. La Corte también lo condenó a pagar las costas del proceso, pidió a la Fiscalía investigarlo por posibles delitos como fraude procesal y falsa denuncia, e inició un trámite que podría terminar en una multa.
/Colprensa.
