El Procurador, Gregorio Eljach, le pidió este martes al presidente, Gustavo Petro, no usar su cargo ni las plataformas oficiales del Gobierno para apoyar a unos candidatos o atacar a otros en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
En el mismo pronunciamiento en el que anunció sanciones contra los funcionarios y contratistas del Estado que se involucren en política y le recordó al Congreso que puede usar la moción de censura para retirar del cargo a los ministros que intervengan en la campaña.
Eljach se dirigió directamente al Jefe de Estado para señalarle que «el Presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación».
El Procurador agregó que ser Jefe de Estado «no lo exime de su rol como servidor público, al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral», y advirtió que «si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra».
El jefe del Ministerio Público explicó que su llamado se da en medio de «denuncias sobre amenazas de actores criminales a las campañas y a los candidatos, los dolorosos asesinatos de líderes sociales y las restricciones criminales a la libertad ciudadana en algunas regiones».
Eljach pidió al Gobierno, a las autoridades y a la ciudadanía «actuar con audacia para impedir estos hechos y garantizar la Paz Electoral en cada rincón de nuestro territorio, sin excepción alguna».
Por otro lado, Eljach se dirigió al Congreso para recordarle que solo a los legisladores les corresponde «hacer el control político mediante debates y, si fuera el caso, aplicar la moción de censura para evitar que los altos funcionarios del gobierno intervengan en forma indebida en política electoral o partidista». Esa figura permite al Congreso retirar del cargo a ministros y a otros altos funcionarios.
Así las cosas, precisó que «herramientas como la moción de censura generan efectos inmediatos mucho más rápidos sobre los altos funcionarios que pretendan usar su poder para intervenir en el proceso electoral que los procesos disciplinarios ordinarios».
El Procurador también le recordó al país que «la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única» autorizada por la Constitución para investigar y proponer sanciones contra el Presidente de la República.
A los servidores públicos y a los contratistas del Estado, Eljach les advirtió que «la ley prohíbe, de manera tajante, cualquier tipo de participación indebida en política» y que «contra quienes infrinjan estas normas seremos muy severos, se les aplicará el régimen disciplinario con todo el rigor y la severidad que la ley dispone». El Procurador subrayó que «la administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos».
A los alcaldes y gobernadores, el funcionario les pidió ser «modelos de pulcritud en el manejo del erario» y dejó claro que «bajo ninguna circunstancia se tolerará que los presupuestos públicos se pongan al servicio de campañas electorales», al señalar que «los recursos de las regiones son para el desarrollo de la gente, no para financiar disputas partidistas».
PROTECCIÓN A CANDIDATOS, REDES SOCIALES Y RESPETO A LOS JUECES
Eljach les exigió a las Fuerzas Militares y a la Policía «extremar todas las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los candidatos y de la población civil», y pidió que «cada colombiano pueda votar en paz, con total libertad y con confianza».
Pidió a los actores políticos y a la ciudadanía hacer «un uso prudente, responsable» de los contenidos en redes sociales, y advirtió que «en coyunturas tan sensibles como la actual, la desinformación y el lenguaje incendiario no solo ponen en riesgo el orden institucional, sino que pueden costar vidas humanas».
El funcionario también exigió respetar la independencia de los poderes públicos y de los órganos de control, y señaló que «las decisiones de los jueces solo pueden ser controvertidas en el marco de la Constitución y de la ley, aunque se esté en desacuerdo con ellas y se pueda expresar libremente ese disenso».
Pidió a la sociedad rechazar «de manera categórica cualquier manifestación de violencia, ya sea física, verbal o moral, contra campañas, candidatos o formas de pensar».
CUÁNDO UN FUNCIONARIO CRUZA LA LÍNEA
Las conductas que la Procuraduría ubicó dentro de la línea de la indebida participación en política quedó consignada en una directiva presentada por Eljach, dentro de la estrategia denominada ‘No a la indebida participación en política’, con la que el Ministerio Público buscó fijar límites sobre lo que sí y lo que no pueden hacer los servidores públicos durante la campaña electoral.
La directiva enumeró seis conductas prohibidas.
La primera corresponde a hacer, financiar, promover o intervenir en campañas políticas utilizando la condición de servidor público.
Eso incluye participar en actos proselitistas durante actividades oficiales, usar escenarios institucionales para respaldar candidatos o aprovechar el cargo para enviar mensajes electorales.
Otra de las conductas señaladas es presionar, inducir o favorecer a subalternos para apoyar campañas, asistir a reuniones políticas o respaldar determinadas candidaturas.
La Procuraduría advirtió que la relación jerárquica dentro de las entidades públicas no puede convertirse en herramienta de presión electoral. La directiva también prohibió utilizar recursos públicos para actividades políticas.
La restricción incluyó vehículos oficiales, instalaciones del Estado, personal de apoyo, contratos, presupuesto público, equipos tecnológicos y canales institucionales.
Tampoco podrán difundirse mensajes de propaganda electoral desde cuentas oficiales de entidades públicas o espacios financiados con recursos estatales.
El Ministerio Público agregó que los funcionarios no pueden inclinar ni permitir el uso del aparato estatal a favor o en contra de partidos, campañas o movimientos políticos.
La última conducta prohibida corresponde al uso de información reservada o privilegiada de las entidades con fines electorales.
LAS ZONAS GRISES
Durante la presentación de la directiva, uno de los puntos que generó preguntas fue el relacionado con redes sociales, chats privados y conversaciones familiares.
Eljach sostuvo que la jurisprudencia distingue entre las actuaciones derivadas del cargo y la vida privada de los funcionarios. “Lo privado no puede ser objeto de vigilancia disciplinaria”, afirmó.
El Procurador explicó que las actuaciones investigables son aquellas realizadas “con ocasión o con motivo del ejercicio de la función del cargo en que uno está nombrado”. “Lo de la familia es allá en familia”, agregó.
La Procuraduría también precisó que los funcionarios sí pueden opinar sobre asuntos públicos o debates de interés colectivo, siempre que esas manifestaciones no se traduzcan en apoyo electoral desde el ejercicio del cargo.
Igualmente, recordó que los servidores públicos conservan el derecho al voto, salvo las restricciones constitucionales aplicables a miembros de la Fuerza Pública.
/Colprensa.
