Personas privadas de la libertad llevan hasta cinco años recluidas en celdas concebidas para detenciones de 36 horas, duermen en hamacas improvisadas en lo que antes fue un parqueadero, almacenan agua en recipientes plásticos por falta de suministro continuo y se reparten patios diseñados para 15 internos que hoy concentran más de 50, según constató la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional en una ruta de inspecciones judiciales practicadas en cárceles, estaciones de policía y centros de detención transitoria de los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar.
La ruta, ordenada por la Sala que vigila el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte sobre el sistema penitenciario y carcelario del país, continuará el 25 de mayo en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, y el 27 de mayo en El Barne y Cómbita, en Boyacá. Las diligencias son dirigidas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial; Paola Andrea Meneses Mosquera, actual presidenta de la Corte Constitucional, y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.
El cuadro más crítico se registró en el centro de detención transitoria «La Permanente» de Valledupar, un inmueble administrado por el municipio y custodiado por la Policía Nacional, donde permanecían 349 personas privadas de la libertad en un espacio con capacidad aproximada para 70, una sobreocupación superior al 500 %.
De ellas, 328 contaban con boleta de traslado a establecimiento penitenciario y varias permanecían recluidas allí desde 2023 y 2024, pese a tratarse de un espacio de carácter transitorio. La Sala encontró adultos mayores entre los internos, zonas improvisadas para descanso, deterioro de cubiertas, deficiencias de ventilación y un número insuficiente de sanitarios y duchas.
En el plano sanitario, la Corte verificó que el establecimiento no cuenta con personal médico permanente y que la Nueva EPS no entregaba medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, situación que, según lo reportado, afectó la continuidad de tratamientos médicos de la población reclusa. A ello se sumó que durante 2025 se habrían perdido más de 1.000 audiencias por falta de acompañamiento de defensores públicos y por problemas técnicos de conexión.
LA TRAMACÚA: CALOR, INUNDACIONES Y FALLECIMIENTOS BAJO INVESTIGACIÓN
En el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar —conocido como «La Tramacúa»—, los reclusos plantearon a los magistrados el impacto del calor al interior de los patios y pabellones. Las directivas señalaron que se instalaron polisombras en algunos sectores y que la USPEC adelanta estudios sobre la capacidad de las redes eléctricas para evaluar la instalación de ventiladores.
La Sala recibió, además, reportes sobre afectaciones por inundaciones y rebosamiento de baterías sanitarias, preocupaciones sobre la prestación del servicio médico y la atención a personas con enfermedades graves, e información sobre recientes fallecimientos ocurridos al interior del establecimiento, hechos que son objeto de investigación por las autoridades competentes.
Las personas privadas de la libertad también expusieron limitaciones en la oferta educativa y de resocialización por la insuficiencia de espacios y equipos tecnológicos. La Corte dejó abierta la inspección y dispuso una mesa de trabajo coordinada por la USPEC, con el INPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho y autoridades territoriales, para evaluar alternativas frente a la infraestructura y las altas temperaturas.
RIOHACHA: HAMACAS, HONGOS Y AGUA EN CARROTANQUES
En La Guajira, la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha albergaba 366 personas privadas de la libertad en un establecimiento con capacidad para unos 100 cupos, una sobrepoblación cercana al 266 %. Los magistrados encontraron internos durmiendo en colchonetas y hamacas improvisadas, limitaciones de ventilación, humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas.
El centro no cuenta con suministro continuo de agua potable, por lo que el abastecimiento se realiza mediante carrotanques y el almacenamiento se hace en recipientes plásticos al interior del penal. La Sala recogió también dificultades en el trámite de solicitudes de beneficios judiciales y mecanismos sustitutivos de la pena, asociadas a la limitada capacidad institucional para tramitar este tipo de asuntos en la región.
A pocas calles, en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo «CAIMEG», la población alcanzaba 280 personas pese a una capacidad cercana a 130 cupos. Patios diseñados para entre 12 y 15 personas concentraban más de 50 internos, y la totalidad de la población superaba el límite de 36 horas previsto para este tipo de instalaciones, con casos extremos de permanencia de hasta cinco años. La Corte recaudó información sobre población extranjera no afiliada al sistema de salud, personas con afectaciones en salud mental, falta de espacios para audiencias y atención médica, y condiciones de separación de mujeres y población LGBTIQ+.
Al recorrer los pabellones, los magistrados verificaron insuficiencia de baterías sanitarias, almacenamiento de agua en recipientes improvisados, instalaciones eléctricas expuestas y la utilización simultánea de los mismos espacios para descanso, preparación de alimentos y almacenamiento de pertenencias personales.
UN PARQUEADERO CONVERTIDO EN CELDA EN BUCARAMANGA
En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada— en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas. La totalidad de la población superaba el límite de 36 horas, con casos de permanencia de hasta dos años.
La Sala constató sobreocupación severa en tres celdas internas, donde los reclusos usaban hamacas improvisadas y zonas del piso para descansar, y verificó la utilización de un espacio abierto adaptado para la permanencia de internos, correspondiente a una zona que anteriormente funcionaba como parqueadero. Había, además, limitaciones de ventilación, acceso a baterías sanitarias y duchas.
Entre la población recluida figuraban extranjeros, personas con discapacidad, integrantes de la población LGBTIQ+ y personas con afectaciones en salud mental. Durante la diligencia, distintas entidades expusieron preocupaciones por la calidad de los alimentos y por las dificultades presupuestales de las entidades territoriales para asumir esa obligación de manera permanente. También se informó que los internos no recibían visitas familiares y que únicamente se autorizaban encuentros con sus abogados defensores.
GIRÓN, EL CONTRASTE: 7 % DE HACINAMIENTO PERO DRONES CON CELULARES
En la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, en Santander, la Sala encontró un panorama distinto: el establecimiento albergaba unas 2.600 personas privadas de la libertad con un índice de hacinamiento cercano al 7 %, y dispone de aulas de clase, bibliotecas, salas de cómputo, talleres productivos, panaderías, proyectos agrícolas y convenios de formación técnica y educación superior.
Pese a ello, se reportaron dificultades en el suministro y la disponibilidad de medicamentos, además de problemáticas asociadas a la seguridad de funcionarios y directivas, y al ingreso de teléfonos celulares y otros elementos ilícitos mediante drones y lanzamientos desde el exterior del establecimiento.
Como contracara de la sobreocupación, la Sala verificó el avance del nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional de Riohacha, una infraestructura de cuarta generación con capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, que incluirá un pabellón para 152 mujeres, un espacio de 218 cupos destinado a población indígena Wayúu, áreas de talleres, sanidad y alimentación, y un Centro de Desarrollo Infantil para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos.
El proyecto registra un avance del 99 % en las obras civiles y del 85 % en términos generales, con una inversión cercana a los 361 mil millones de pesos. La USPEC informó que la entrada en funcionamiento se hará en dos fases: una primera entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2026, con 366 internos trasladados desde el actual ERON de Riohacha, y una segunda en noviembre de 2026, cuando se alcanzaría la capacidad total. El INPEC indicó que el nuevo establecimiento requerirá unos 530 funcionarios de custodia y vigilancia y cerca de 175 servidores adicionales para los servicios asociados a su operación.
/Colprensa.
