El exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fue «cómplice» del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al no denunciar el apoyo que esa estructura paramilitar entregó a su candidatura a la Gobernación en 2003, reconocimiento entregado durante una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad realizada los pasados 4 y 5 de mayo, tras la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá decidir si acepta su sometimiento o lo deja por fuera de la justicia transicional.
La diligencia se desarrolló bajo una segunda oportunidad. La Sala de Definición había rechazado en primera instancia la solicitud de sometimiento de Aguilar Naranjo por considerar insuficientes sus aportes de verdad sobre sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y otros hechos del conflicto armado, decisión que la Sección de Apelación revocó y reemplazó por una audiencia «única y definitiva» en dos sesiones —el 24 de enero de 2024 y los días 4 y 5 de mayo de 2026— para que el exgobernador aclarara, ampliara y profundizara sus contribuciones.
Bajo la conducción del magistrado Carlos Alberto Suárez López, Aguilar Naranjo puso nombres propios a la red política que, según su testimonio, operó en Santander con respaldo de las AUC. «Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí», dijo el exgobernador en referencia al apoyo recibido del Bloque Central Bolívar.
En el mismo testimonio, señaló al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique como «directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por ‘Ernesto Báez'», y vinculó a Alfonso Riaño como enlace para coordinar votos «con alias ‘César'». Reconoció, además, que en las elecciones de 2003 el partido Convergencia Ciudadana avaló candidaturas de preferencia del BCB tras acuerdos políticos con ‘Camilo Morantes’ y, posteriormente, con ‘Ernesto Báez’.
Los magistrados indagaron también por sus reuniones con ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’, y por el aval que Convergencia Ciudadana otorgó a su propia candidatura a la Gobernación. La última jornada, dirigida por la magistrada Catalina Díaz Gómez, lo llevó a reiterar que conoció el apoyo de las autodefensas a su campaña y a admitir que no adoptó medidas para rechazarlo.
Durante la primera sesión, el magistrado Suárez López interrogó al exgobernador por su incremento patrimonial, calculado en 1.999 millones de pesos entre 2002 y 2015, cuyo origen es investigado por la justicia ordinaria en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
Otro frente abordado en la diligencia fue su paso por la fuerza pública y, en particular, su rol en el Bloque de Búsqueda. Aguilar Naranjo negó que esa unidad hubiera recibido aportes de Ecopetrol o del Cartel de Cali y sostuvo que se financiaba con recursos estatales provenientes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
«Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La DEA era la encargada de apoyar logísticamente y también el pago de recompensas para informantes», afirmó el exgobernador.
La presencia de la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08 de la JEP, respondió a que el testimonio de Aguilar Naranjo podría convertirse en una «pieza clave» para esclarecer los vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país. El Caso 08 investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
A la audiencia acudieron también representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera (USO), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Ministerio Público.
Con los aportes entregados en las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si las contribuciones de Aguilar Naranjo satisfacen los estándares de verdad exigidos por la JEP para aceptar su sometimiento y permitirle acceder a los beneficios jurídicos previstos para los comparecientes que aporten verdad sobre crímenes cometidos en el conflicto armado.
/Colprensa.
