El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia de la postura del presidente, Gustavo Petro, frente a la rama judicial al rechazar que las discrepancias con decisiones de altas cortes se tramiten por la vía penal, como el auto del Consejo de Estado que suspendió el traslado de afiliados de fondos privados a Colpensiones.
De todas maneras, el ministro cuestionó la solidez jurídica del fallo por sustentarse en una ley de reforma pensional que tiene suspendida la Corte Constitucional.
En entrevista con La FM, Cuervo señaló que las diferencias con providencias judiciales tienen un cauce institucional. «Las discrepancias con decisiones judiciales adoptadas por ejemplo por las altas cortes como esta del Consejo de Estado, deberían discutirse en los mecanismos institucionales», afirmó, y recordó que para el caso queda disponible «un recurso de súplica ante los otros dos consejeros de la subsección».
El ministro consideró «muy problemático» el auto que ordena suspender el traslado de quienes ya consolidaron su situación pensional. Explicó que la decisión se sustenta «en una ley, la ley de reforma pensional, que tiene suspendida la Corte Constitucional», y rechazó el argumento del magistrado ponente, quien la aplicó para evitar un vacío normativo: «Eso en la interpretación jurídica a mí realmente no me cabe en la cabeza».
Cuervo se separó, sin embargo, del pedido presidencial de abrir una investigación penal contra el magistrado. «No estaba de acuerdo en que esta situación específica se trasladara a una discusión penal. Me parece que esa no es la vía, no resuelve el problema, eso es una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir eso nunca se va a resolver allí, y lo que hace es no generar armonía entre las distintas ramas del poder público», aseveró.
El funcionario contó que conversó con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, en un evento institucional y cruzó mensajes con otros presidentes de cortes y con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para reiterar la posición del despacho. «Yo desde el minuto uno he tratado de que haya armonía institucional entre el gobierno y la rama judicial, las altas cortes», afirmó. Insistió en que la vía adecuada es presentar «un recurso de súplica muy duro, muy sólido jurídicamente con jurisprudencia misma del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional».
JURISDICCIÓN AGRARIA
En cuanto al artículo 9 del proyecto de jurisdicción agraria, cuestionado por la Sociedad de Agricultores de Colombia y por sectores académicos que reclaman que las controversias las resuelvan jueces y no funcionarios administrativos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el ministro estableció una distinción que, dijo, el presidente del gremio, Jorge Bedoya, «no ha sido claro en ese punto»: «Una cosa son los conflictos agrarios y otra cosa son los que se llaman los procedimientos agrarios especiales».
Cuervo afirmó que los conflictos entre particulares —como disputas por terrenos cedidos verbalmente entre vecinos— irán a jueces de la jurisdicción agraria sin intervención de la ANT. «El cálculo que nosotros tenemos en materia de los procesos que irían a la jurisdicción agraria de esta naturaleza es que cerca de 50.000 conflictos agrarios de esa naturaleza, que es el mayor número de conflictos, irían a que los resuelva un juez», precisó.
Sobre los procedimientos agrarios especiales contemplados en la ley 160 y recogidos por el decreto 902, el ministro indicó que dos de ellos —expropiación y extinción de dominio— irán «directamente a la jurisdicción agraria», sin participación de la Agencia Nacional de Tierras.
El funcionario informó que el día anterior el proyecto avanzó en la Cámara de Representantes tras unos nueve meses sin movimiento. «Hicimos unas reuniones con bancadas con una proposición alternativa que teníamos y todas las bancadas acompañaron que se avanzara y ayer hubo un avance importante que fue votar el informe de ponencia», relató.
TRASLADO DESDE ITAGÜÍ
Sobre la situación de los reclusos de la cárcel de Itagüí señalados de organizar una fiesta al interior del penal, Cuervo confirmó que el viernes anterior se concretó el traslado al centro carcelario de Girón (Santander) del recluso conocido como alias «Pocho», a quien describió como el coordinador del evento. «Es la única persona que sería trasladada como consecuencia de esa situación», aseguró, con base en la información que la oficina del Alto Comisionado entregó al Inpec.
El ministro explicó que de las 16 personas privadas de la libertad en ese centro penitenciario, no todas participaron de la fiesta: «Los que estaban en el patio 3 no participaron de la fiesta. Los que estaban en el patio 1 participaron, pero como consecuencia de uno que fue el que la arregló, la coordinó, seguramente la pagó, eso está por establecerse». Recordó que en consejo de ministros el presidente había ordenado que «se van para allá los que hicieron la fiesta».
Cuervo añadió que el 30 de abril se instalaron las cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí, que antes no existían «por un problema de cronograma de contratación», según la USPEC, encargada de esa labor. Indicó además que el Inpec expidió una resolución especial para ese centro carcelario «con medidas muy restrictivas de comportamiento y de permanencia allí, justamente con el propósito de reducir el riesgo de que situaciones como esta vuelvan a pasar».
/Colprensa.
