La Contraloría General de la República presentó un preocupante balance sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva en el país. Con corte a agosto de 2025, de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos bajo la Ley de Víctimas, solo 60 (el 5%) han logrado culminar efectivamente sus procesos.
El ente de control advirtió que el tiempo promedio para cerrar un Plan Integral de Reparación Colectiva es de 10 años, duplicando los plazos previstos en la ley y prolongando la revictimización de las comunidades.
Las proyecciones del organismo son poco alentadoras: de mantenerse el ritmo actual, para el año 2031 —cuando finaliza la prórroga de la Ley de Víctimas— solo el 9,4% de los colectivos habría terminado su reparación, dejando a 1.645 sujetos pendientes.
Esta situación evidencia un incumplimiento del principio de eficacia y una deuda histórica con las poblaciones afectadas por el conflicto armado que aún esperan medidas concretas de restitución y rehabilitación.
En términos financieros, la Contraloría estimó que cumplir con la reparación integral de los sujetos restantes requerirá una inversión cercana a los 9 billones de pesos. Esta cifra representa un desafío para la sostenibilidad fiscal de la Nación, especialmente considerando que los recursos deben ser gestionados y ejecutados de manera acelerada para evitar que la brecha de atención siga creciendo en la próxima década.
La reparación colectiva en Colombia es un mecanismo fundamental de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) diseñado para resarcir los daños sufridos por comunidades, grupos étnicos, organizaciones sociales y sectores políticos que fueron afectados de manera grupal por el conflicto armado.
A diferencia de la reparación individual, este proceso busca reconstruir el tejido social, recuperar las tradiciones culturales y fortalecer la autonomía territorial mediante la implementación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).
Según la Unidad para las Víctimas, estos planes incluyen medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, pero su éxito depende de una compleja articulación presupuestaria y técnica entre diversas entidades del Estado para lograr transformar las realidades de los territorios más golpeados por la violencia.
/Colprensa.
