Un total revuelo se presentó en la Casa de Nariño luego de conocerse la decisión de la Fiscal Luz Adriana Camargo de frenar suspensión de órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo ordenada por el gobierno Petro.
Tras la decisión conocida este martes y que no cayó para nada bien, desde el Comisionado para la paz convocaron a una reunión de urgencia con la delegación del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo.
En este encuentro tendrán que definir qué sucederá con las conversaciones y de paso buscar una solución frente al futuro de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que quedarían afectadas tras la orden emitida desde la Fiscalía.
Sin duda que es un momento crítico en esta negociación, tanto que será el presidente Gustavo Petro quien de la pauta sobre como avanzar en esta conversación que pone un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno y la Fiscalía.
No es una decisión menor la tomada por la Fiscalía, ya que suspender las órdenes de captura e iniciar el traslado a las zonas de ubicación temporal localizadas en la zona rural de Córdoba y Chocó era uno de los puntos cruciales en estas negociaciones con el Clan del Golfo.
Desde la delegación del gobierno no esperaban esta decisión, puesto que lo decidido por la Fiscalía no tiene precedentes de negar una orden presidencial, lo cual deja en vilo estas negociaciones que se llevaban a cabo desde Catar y donde ahora buscan herramientas judiciales para esquivar esta decisión.
A esto se suma la carrera contrarreloj que tiene el gobierno, que en el último tramo de su mandato y sin la seguridad de que el próximo presidente mantenga la paz total apuntan a un fracaso más. Es de recordar que ni Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y hasta Sergio Fajardo han rechazado de tajo esta propuesta si llegan a ser presidentes.
Esto significa que, por ejemplo, en el caso de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo», con la decisión tomada por la Fiscalía, sigue vigente el concepto favorable de extradición hacia los Estados Unidos por parte de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025.
Según explicó el ente investigador, se considera insuficiente para verificar el cumplimiento efectivo de los acuerdos, por lo que insiste en que el control de movilidad y permanencia en las ZUT debe ser realizado por autoridades del Estado mediante mecanismos trazables.
/Colprensa.
