Ante los recientes señalamientos realizados por el Presidente de la República, Gustavo Petro, a través de redes sociales, el Consejo de Estado calificó el discurso del mandatario como un «tono incendiario» y advirtió que la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales debilitan el Estado de Derecho y deterioran la confianza ciudadana en las instituciones.
«El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes», expresó el alto tribunal.
Mediante un comunicado, la corporación enfatizó que la libertad de expresión no puede ser utilizada para emitir mensajes que pongan en peligro la integridad física de los jueces ni la estabilidad institucional.
El Consejo de Estado subrayó que calificar a los magistrados como «trasgresores del ordenamiento» por el simple hecho de cumplir con su deber de juzgar constituye un hostigamiento que amenaza a quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia en el país.
Controles al poder y garantías democráticas
El tribunal recordó que la separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia y que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo no representa un obstáculo, sino una garantía esencial. «A poderes mayores, mayores controles; a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos», sentenció el documento, haciendo hincapié en que la lucha contra las inmunidades del poder debe ser incesante para proteger la Constitución.
Finalmente, el Consejo de Estado recordó que su existencia, competencias y legitimidad provienen directamente de la Constitución Política y de la voluntad del poder constituyente. Con este pronunciamiento, el alto tribunal hace un llamado al ejercicio ponderado del poder y a la defensa de la carta de derechos vigente, rechazando cualquier intento de judicializar la labor de los magistrados mediante narrativas de impacto mediático.
/Colprensa.
