El decreto que ordenó trasladar recursos pensionales a Colpensiones no es solo una discusión entre Colpensiones y las administradoras de fondos pensiones (AFP). Es un ejemplo de una preocupación más grande: el Gobierno está estirando la línea entre reglamentar y legislar, al punto de volver las reglas plastilina: se moldean hasta donde la ley no llegó. Mientras la conversación se queda en quién gana la pelea pensional, el verdadero “mientras tanto” es si aceptamos que el poder moldee la ley cuando le incomoda. Cuando un decreto pretende hacer lo que la ley no autorizó, se debilitan las garantías y el sistema de derecho que protege a los ciudadanos.
En pensiones, el punto es sencillo: la Ley 2381 de 2024 permitió algunos traslados de régimen, pero señaló que los recursos en cuentas de ahorro individual seguirían administrados por las AFP hasta que el ciudadano en efecto se pensione. El Decreto 415 de 2026 quiso acelerar el giro a Colpensiones por más de $25 billones, y el Consejo de Estado suspendió provisionalmente cerca de $20 billones por dudas sobre si el Gobierno excedía su facultad reglamentaria. El problema no es pagar pensiones, sino cambiar por decreto quién administra esos recursos, cuándo se trasladan y bajo qué condiciones. No desaparecen los ahorros, pero sí se debilita la confianza.
Lo más inquietante es que el caso pensional no aparece solo. En salud, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del modelo preventivo. En emergencias, la Corte Constitucional ha tumbado declaratorias que habilitaban poderes extraordinarios. En energía, hay demandas por posible invasión de competencias técnicas. Separados parecen peleas jurídicas. Juntos muestran una tendencia preocupante: cuando la ley no alcanza, el Gobierno intenta avanzar por decreto. En simple: es estirar las reglas sin pasar por quienes deben ponerlas y controlarlas.
El Presidente puede y debe reglamentar las leyes. Pero reglamentar no es corregir al Congreso, completar lo que la ley no dijo (o fue negado en el Legislativo) ni revivir por decreto una reforma sin suficiente respaldo político. Esa diferencia sostiene una regla básica del modelo constitucional colombiano: el poder no puede hacerlo todo, aunque tenga votos, urgencias o buenas intenciones.
Por eso esta discusión debe subir de nivel. No basta con que cada sector defienda “su” tema: las AFP en pensiones, las EPS en salud, los generadores en energía o los contribuyentes en emergencias. El punto común es más grande: defender las reglas que impiden que cualquier gobierno use la administración pública como ruta alterna para cambiar el país sin controles democráticos.
¿Qué se puede hacer? Exigir explicaciones, apoyar veedurías, acudir a los jueces y pedir control político.
El verdadero debate no es si estamos a favor o en contra de una pensión, una EPS, una tarifa o una emergencia. Es si vamos a permitir que las reglas se vuelvan plastilina. Porque cuando se mueve la raya entre reglamentar y legislar, no solo cambia una norma: cambia la cancha. Y si la cancha cambia, lo que se debilita no es un sector, sino el modelo constitucional y económico que nos protege.
*Presidenta de AmCham Colombia y Aliadas
