El procurador, Gregorio Eljach, lanzó este miércoles la segunda fase de la estrategia ‘Paz Electoral’, denominada ‘No a la indebida participación en política’, con la que el Ministerio Público fijó seis conductas prohibidas a los servidores públicos del país de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y advirtió que su transgresión puede acarrear desde una multa hasta la destitución del cargo y, eventualmente, un proceso penal por el delito de intervención en política.
El jefe del Ministerio Público explicó que se trata de “una actividad pedagógica con soporte constitucional, legal y jurisprudencial”, dirigida a funcionarios de cualquier nivel y territorio, con el objetivo de marcar el punto en el que los derechos políticos y electorales de un servidor del Estado se convierten en una conducta sancionable.
“Queremos prevenir a todos los servidores públicos para que sepan cuál es la línea roja que no pueden transgredir, que no pueden pasar; hasta dónde van sus derechos en materia política y electoral y dónde empiezan las conductas prohibidas”, señaló Eljach durante la presentación de la directiva.
El Procurador agregó que el propósito es evitar que los funcionarios “utilicen su cargo o los recursos públicos o el poder que ostentan para alterar la voluntad de los electores”, y que la contratación pública, las obras estatales o la jerarquía dentro del Estado no se conviertan en herramientas para “dañar la pureza del voto, que es lo más sagrado que tiene una democracia como la colombiana”.
LA LÍNEA QUE NO SE PUEDE CRUZAR
De acuerdo con la directiva, los servidores públicos no pueden hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionarios del Estado; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; ni usar información reservada de la entidad con fines políticos.
El Ministerio Público también precisó las conductas que sí están permitidas: difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral; ejercer el derecho al sufragio, salvo los miembros de la Fuerza Pública; e inscribirse como miembros de los partidos, en los términos del artículo 39 de la Ley 996 de 2005. Las restricciones aplican con limitaciones diferenciadas para congresistas, diputados, concejales y ediles.
Las consecuencias del incumplimiento son disciplinarias y penales. En el ámbito disciplinario, dependiendo de la calificación de la falta, las sanciones pueden llegar a la destitución y la inhabilidad. En el penal, el artículo 422 del Código Penal contempla el delito de intervención en política, que acarrea multa y destitución del cargo público.
SOBRE PETRO
Consultado sobre si las palabras del presidente, Gustavo Petro, quien ha invitado a que su proyecto político continúe cuatro años más, configuran una indebida participación en política, Eljach respondió que esa calificación no le corresponde a la Procuraduría.
“La calificación la tiene que hacer la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que tiene competencia integral para mirar las conductas del Presidente. El Procurador está por fuera de esa competencia”, explicó.
El jefe del Ministerio Público sostuvo, además, que las dudas que el mandatario ha expresado de manera reiterada sobre el proceso electoral están protegidas por la libertad de expresión mientras no impliquen una acusación de delito ni “afirmaciones sin fundamento”, y agregó que la calidad presidencial “no le inhibe el uso que se haga de esa libertad”.
Distinto sería el caso, dijo, si la conducta proviniera de un gobernador o un alcalde, frente a lo cual habría que adelantar la investigación correspondiente con garantía del debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia y doble conformidad por tratarse de cargos de elección popular. Eljach reconoció que la ciudadanía tiene “razón en exigir resultados más rápidos, casi que inmediatos”, pero advirtió que las leyes que rigen la actuación disciplinaria datan del año 2000 y limitan los tiempos.
FISCALÍA, ÁMBITO FAMILIAR Y SECUESTRO EN ARAUCA
El Procurador delimitó el campo de acción de su entidad frente al de la Fiscalía General de la Nación, al precisar que no toda conducta irregular es de competencia disciplinaria.
“La Fiscalía se encarga de delitos. Entonces, por ejemplo, si hay un servidor público que comete un prevaricato o un peculado, no hay que esperar que la Procuraduría actúe allí porque ese no es materia disciplinaria, eso es penal”, explicó.
Sobre el ámbito familiar de los funcionarios y el uso de chats privados para hacer campaña, Eljach citó la jurisprudencia para señalar que lo privado no puede ser objeto de vigilancia disciplinaria, y que solo lo realizado “con ocasión o con motivo del ejercicio de la función del cargo en que uno está nombrado” pasa a ser público y, por lo tanto, investigable. “Lo de la familia es allá en familia”, sintetizó.
Frente a la situación de seguridad en regiones con presencia de grupos armados, evidenciada con el secuestro reportado este mismo día en Arauca, el Procurador recordó que el Ministerio Público sostuvo cinco reuniones con la cúpula militar y de Policía dentro del Plan Democracia, en las que se identificaron 47 puntos críticos de posible violencia extrema contra los comicios.
Según afirmó, las elecciones del 8 de marzo “salieron bien”, y por eso la entidad mantiene la confianza en el trabajo de las fuerzas para la jornada del 31 de mayo.
Sobre el primer aniversario del secuestro de funcionarios de la seccional de la Fiscalía y de la Dijín, Eljach indicó que la Procuraduría hace seguimiento a través de su Delegado Nacional para Derechos Humanos, sin protagonismo público “porque se trata de servidores públicos, de vidas humanas y de familias de colombianos”.
Rechazó, además, la actitud de los grupos armados que se atribuyen la facultad de administrar justicia y los acusó de usar los procesos de paz como “farsa” cada cuatro años “para decirle al próximo gobierno que están dispuestos a hacer una paz que nunca llegará”.
CANDIDATOS, AMENAZAS Y ESQUEMAS DE PROTECCIÓN
El Procurador informó que hace dos semanas se reunió con los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, para revisar los esquemas de protección de los 14 candidatos presidenciales que quedan en contienda, frente a los 3.400 aspirantes que tenían medidas de seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo.
Según relató, algunos de los aspirantes cuentan con esquemas de hasta 50 hombres de protección, y hasta el momento no ha recibido nuevas quejas sobre la asignación de seguridad. “Le creemos al ministro con su información”, afirmó.
Sobre las amenazas a la candidata Paloma Valencia, Eljach aclaró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) depende del Gobierno y que el papel de la Procuraduría se limita a trasladar la información que recibe y a pedir actuaciones inmediatas.
“Hasta ahora, afortunadamente, no tenemos noticias de que haya pasado algo en los hechos más allá de suposiciones, consejas, conjeturas que puedan empañar el proceso”, dijo.
NUEVA EPS Y EL CASO BENEDETTI
Consultado por el fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el traslado de cerca de tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS, y por las fallas estructurales señaladas en la providencia, el Procurador respondió que su despacho examina desde hace más de un año el funcionamiento del sistema de salud, con un equipo especializado que adelanta tanto acompañamiento como procesos sancionatorios.
Eljach dijo que la entidad ha ordenado la suspensión de algunos interventores y de cerca de seis EPS por incumplimientos en la prestación del servicio, y que los procesos en curso “se conocerán en su momento” en virtud de la reserva probatoria.
Frente al proceso disciplinario contra Benedetti por las expresiones dirigidas a la magistrada Cristina Lombana, el procurador se abstuvo de pronunciarse pese a la insistencia de los periodistas. “Eso no me libera de cumplir mi deber de guardar la reserva del proceso”, respondió.
/Colprensa.
