El medio de la transición hacia un nuevo modelo de pasaportes mediante un contrato con Portugal, iniciado el 1 de abril, no paran las demandas, las dudas de su legalidad y hasta las teorías conspirativas que el mismo presidente Petro no para de alimentar enlazado dos negocios de la firma homas Greg & Sons en Colombia: los pasaportes y el software electoral.
Los nuevos pasaportes no están en distribución hasta que se agoten las existencias dejadas por la Thomas Greg & Sons, cuyos propietarios en Colombia son los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista.
Tras los cuestionamientos y debate en redes sociales, el presidente insiste en que las críticas hacen parte de una “protección mediática a los hermanos Bautista” y un silencio ante la sentencia del Consejo de Estado sobre señalamientos de fraude en contra de las elecciones.
La polémica se avivó tras un informe de la revista Cambio que reveló que, tras una visita de la Procuraduría a la Imprenta Nacional, se concluyó que la mayoría de las libretas llegadas a Colombia no son realizadas por Colombia ni por Portugal, sino que provienen de IN Groupe, una firma francesa que estaría ligada a un escándalo de corrupción por pasaportes en Ucrania.
“De las cuentas, 59.000 pasaportes se enviaron desde París y 7.400 desde Lisboa, Portugal. Los 1.500 documentos producidos en Colombia carecen de validez oficial”, señala el reporte.
Por esto, confirmó que denunciará a los dueños de esta empresa privada por abstenerse de entregar la soberanía de los datos y el manejo de la infraestructura de clave publica PKI, necesarias para acceder a la base de datos de los usuarios en el país.
“El contrato de pasaportes se hizo con cancillería porque buscan preguntas que no puede responder la directora de la imprenta nacional, cuando la imprenta solo tiene el papel de operador y custodio de las máquinas ultra modernas que serán de su propiedad, como del código de los datos de los colombianos que los hermanos Bautista no han querido entregar y por lo cual se les hará denuncia”, señaló.
Insiste el jefe de Estado en la necesidad que se tenía de quitarle el contrato de los pasaportes a Thomas Greg al señalarlos de “cometer fraude en el 2014 y de oscurecer las elecciones de Colombia”.
Lejos de dar claridad a las irregularidades halladas por la Procuraduría en este nuevo modelo, el presidente respondió a estas dudas basándose en una presunta teoría de conspiración sobre el robo de las elecciones.
Según dijo Petro, anular este nuevo contrato de pasaportes es aceptar que “hubo una negociación entre los hermanos Bautista que tienen el software de escrutinio electoral y quieren también que les prorroguen el contrato para hacer pasaportes, con alguna candidatura con fuerte incidencia en la elección de magistrados”.
Por su parte, desde la Imprenta señalaron que este nuevo contrato “no se está retrocediendo”, ya que el estado tiene la soberanía de los datos de los colombianos en un nuevo modelo público. Sin embargo, frente a las dudas reveladas por Cambio afirmaron que no podría “certificar quién fabricó esas libretas”, porque solo le corresponde “certificar las libretas que llegan a la Imprenta Nacional, personalizarlas y custodiarlas”.
“Por ello, presentar la existencia de libretas provenientes del exterior como una supuesta prueba de fracaso desconoce la lógica del modelo. La fase inicial contempla apoyos internacionales mientras se consolidan las capacidades nacionales. Lo relevante no es aislar una etapa del proceso, sino verificar si el esquema está orientado a que la INC asuma progresivamente la producción, personalización, custodia y control del servicio bajo estándares de seguridad”, señalaron.
Desde la Imprenta agregan que es errado pensar que este nuevo proyecto es simplemente de la “impresión de pasaportes”, ya que su objeto real «es la transferencia integral de capacidades soberanas al Estado colombiano, y no son comparables con los operadores privados sin asumir progresivamente el control público”.
