La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años por acoso laboral contra su coordinadora regional, a quien sometieron a un ambiente hostil con insultos soeces, más de 100 publicaciones injuriosas en Twitter y quejas reiteradas que terminaron archivadas por falta de pruebas.
Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander, hallados responsables en fallo de primera instancia.
De acuerdo con el ente de control, los disciplinados utilizaron cuentas sindicales en la red social para difundir los mensajes contra la afectada, en los que expusieron fotografías familiares y formularon acusaciones de corrupción que la entidad calificó como falsas. A esa conducta se sumó el uso de expresiones soeces para referirse a ella dentro del entorno laboral.
Según el auto disciplinario, las acciones de Consuegra Payares y Castellanos Montt obstaculizaron el cumplimiento de las funciones de la coordinadora y forzaron su remoción del cargo en 2020. La decisión señaló que el hostigamiento afectó la salud mental de la víctima, «generándole zozobra, temor y aislamiento», al punto de que fue necesario asignarle un esquema de seguridad por riesgo extraordinario.
El Ministerio Público concluyó que las agresiones dirigidas contra la coordinadora «no fueron incidentes aislados de desagrado o inconformidad laboral», sino que constituyeron «un ataque sistemático cargado de sesgos de género, destinados a socavar su autoridad, su honra y su estabilidad emocional por su condición de mujer en un cargo de liderazgo».
La Procuraduría calificó las faltas de los dos funcionarios como gravísimas cometidas con dolo. Los sujetos procesales interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
Un fenómeno que se repite en lo público
El fallo se conoció en un escenario en el que la propia Procuraduría ha advertido sobre la magnitud del acoso laboral en entidades estatales. Entre 2021 y el 30 de septiembre de 2024, el ente de control profirió 113 pliegos por acoso laboral y produjo 69 fallos, de los cuales 32 fueron sancionatorios. En el mismo período abrió 282 procesos disciplinarios por acoso sexual, con 52 pliegos de cargos y 47 fallos, según los registros de la entidad.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, había señalado que la mayoría de las víctimas son mujeres y que muchos casos de acoso laboral se presentan como represalia tras la negativa de pretensiones sexuales por parte de las afectadas. Esa lectura coincide con el patrón descrito en el fallo contra los funcionarios de la UNP en Santander.
A la cifra de procesos disciplinarios se suman las quejas que llegan por la vía de los Comités de Convivencia Laboral. La Procuraduría ha recibido más de 3.500 quejas en cuatro años, aunque el subregistro sería mayor porque muchos trabajadores evitan denunciar por temor a afectar su contrato o su evaluación.
La UNP, bajo la lupa
La sanción se suma a un repertorio de denuncias internas que ha marcado a la entidad encargada de proteger a líderes sociales, periodistas y servidores en riesgo. En enero de 2026, la dirección de la UNP retiró al contratista Nicolás Sarmiento Ramírez tras una denuncia formal de acoso sexual presentada el 10 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación y la Subcomisión de Transversalidad de Género de la Unidad.
Un documento elaborado por un grupo feminista, citado por la revista Semana, sostuvo que «las mujeres afectadas, funcionarias, contratistas, escoltas y militantes, coinciden en sus relatos: todas hablan de miedo, de vulnerabilidad y de una absoluta falta de garantías institucionales para denunciar»
A esos episodios se sumaron, en años anteriores, denuncias contra el entonces jefe jurídico de la entidad por presunto acoso sexual y reportes de al menos otras dos analistas de riesgo que habrían atravesado situaciones similares durante misiones de evaluación, según una investigación publicada por El Colombiano en mayo de 2024.
/COLPRENSA
