La empresaria Zulma Guzmán, requerida por la justicia colombiana por el envenenamiento con talio que cobró la vida de las menores Inés de Bedout y Emilia Forero en abril de 2025, no llegaría a Colombia antes de 2027 por cuenta de los trámites diplomáticos y judiciales entre Bogotá y Londres, un proceso que apenas en noviembre de este año empezaría a definirse, según lo explicó este jueves el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
El jefe de la cartera de Justicia también advirtió que la decisión del Reino Unido aún depende de una inspección pendiente a la cárcel donde sería recluida y de las eventuales apelaciones que presente la defensa de la procesada.
El ministro precisó que el calendario del proceso británico contempla audiencias mensuales de control y que la sesión de noviembre es la primera instancia en la que podría empezar a saberse si se concede o no la entrega de la mujer a las autoridades colombianas.
“Antes de noviembre no sabremos si va a ser extraditada o no”, afirmó Cuervo, quien agregó que “difícilmente este año eso se va a decidir” y que la sesión de noviembre “es para empezar a decidir”.
El funcionario también señaló que el siguiente paso del trámite es definir la fecha de la visita de una experta independiente que debe verificar si las condiciones de reclusión en la cárcel La Modelo cumplen los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos.
“Esa es una exigencia del sistema judicial británico”, indicó el ministro, al explicar que esa revisión es un requisito formal del procedimiento ante el Tribunal de Westminster.
Cuervo contempló un escenario en el que, una vez recibida la información de la experta independiente y con el avance del proceso ante la Fiscalía General de la Nación, el juzgado británico podría pronunciarse a favor del traslado. Sin
uede ser que en la sesión de noviembre diga: ‘Mire, recibimos la información de la experta independiente, ojalá el proceso en la Fiscalía avance’, y diga: ‘Perfectamente puede irse’. Pero mire que esa persona puede apelar esa decisión, y se va a segunda instancia”, sostuvo.
El ministro recordó que las personas requeridas en extradición cuentan con una serie de garantías procesales dentro del sistema judicial del Reino Unido, lo que extiende los tiempos del trámite.
INSPECCIÓN CARCELARIA SIN FECHA
La visita de la experta independiente que condiciona la decisión británica es la misma que había sido propuesta para el pasado 30 de marzo en la cárcel El Buen Pastor y que no se llevó a cabo. El Ministerio de Justicia informó en esa oportunidad que la fecha fue propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pero que la comisión internacional no oficializó su respuesta.
“Esa fecha la propuso el INPEC pero no se oficializó respuesta por parte de la comisión, ya depende de ellos”, había señalado la cartera.
El Inpec había autorizado la visita de Julia Kozma, exmiembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. La revisión, según explicó en su momento Cuervo, no se limita a las condiciones físicas del pabellón de servidoras públicas, sino que también abarca la disponibilidad de servicios de atención en salud mental.
“El sistema judicial británico pide una revisión independiente para ver si las condiciones de reclusión son aptas para una persona que se ha acogido a la ley de salud mental”, indicó el ministro.
La demora en concretar esa inspección cobra peso porque la extradición podría no prosperar si las autoridades británicas concluyen que el sistema penitenciario colombiano no garantiza las condiciones mínimas del debido proceso. Así lo advirtió el propio Cuervo: “Si por alguna razón concluye que el sistema judicial y el sistema penitenciario colombiano no dan las condiciones de garantía del debido proceso, podría perfectamente no aprobar la extradición”. La decisión final, precisó, recae en el poder judicial británico, sin posibilidad de intervención del Estado colombiano.
EL CASO QUE LA TIENE REQUERIDA
Guzmán, economista de la Universidad de los Andes con un MBA de la Universidad de Columbia, es requerida por su presunta responsabilidad en la muerte de Inés de Bedout y Emilia Forero, dos menores de edad que fallecieron en abril de 2025 tras consumir frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con talio, un metal inodoro e insaboro cuyos niveles hallados en las víctimas superaron los 3.000 microgramos, según el doctor Camilo Uribe, toxicólogo consultado por el programa Los Informantes.
La investigación se amplió después de que la Fiscalía General de la Nación encontrara evidencia de que la procesada habría enviado chocolates contaminados a Elvira Restrepo, su propia cuñada, el 8 de enero de 2025. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que los investigadores hallaron evidencia “técnica, científica y forense” sobre ese ataque, hecho que llevó al ente acusador a analizar el expediente bajo la hipótesis de un posible comportamiento serial.
El expediente también vincula a Guzmán con el caso de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, quien falleció en 2021 y a quien en 2020 le habían detectado 90 microgramos de talio en su organismo, de acuerdo con el testimonio del médico Julio Portocarrero en Los Informantes. La Fiscalía encontró además búsquedas en Google sobre los efectos letales del talio en el rastro digital recuperado del caso.
El expediente consolidó como móvil central una venganza dirigida al círculo de mujeres de Juan de Bedout, economista con quien la indiciada sostuvo una relación extramatrimonial que, según declaró él mismo ante las autoridades, duró entre tres y seis meses. De Bedout relató que Guzmán le instaló un localizador GPS en su vehículo para vigilarlo.
CAPTURA EN EL TÁMESIS Y RUTA JUDICIAL
Guzmán fue detenida en Londres el 16 de diciembre de 2025, tras ser rescatada del río Támesis cerca del puente de Battersea. Según publicó el medio británico The Sun, la Policía Metropolitana la sacó del agua antes de notificarle la circular roja de Interpol expedida en su contra. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en la cárcel HMP Bronzefield, luego de comparecer ante el Tribunal de Westminster.
A diferencia de los procesos de extradición con Estados Unidos, donde la decisión corresponde al Ejecutivo, en el Reino Unido la determinación final recae en el poder judicial, lo que otorga a la defensa de Guzmán un margen más amplio para impugnar el traslado con argumentos de salud mental.
Mientras se cumple el calendario británico y se concreta la inspección carcelaria pendiente, la Fiscalía General de la Nación estudia la opción de imputarle cargos de manera virtual para garantizar el avance del proceso penal en Colombia.
/Colprensa.
