La Defensoría del Pueblo alertó que entre 2024 y 2025 las tutelas en materia de salud se incrementaron en un 18% como consecuencia de la crisis que atraviesa el sistema.
Según las cifras presentadas por la institución, en el territorio nacional, las tutelas en la materia pasaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025, lo que se traduce en un aumento cercano a 47.500 casos (17,92 %).
Para la Defensoría estas cifras confirman la persistencia de barreras estructurales en el acceso efectivo a este derecho fundamental.
Actualmente, las tutelas en salud equivalen al 34 % del total de estas acciones jurídicas, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia.
“Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable. En este contexto, la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención. La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos”, añadió Iris Marín Ortiz.
Clasificando las tutelas por enfermedades, las enfermedades del sistema circulatorio lideran el listado (12,2 %), les siguen las afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. La hipertensión es el diagnóstico más frecuente. También se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.
El informe presentado por la Defensoría también detalla que los departamentos con altos niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, registran las tasas más bajas de tutelas. En contraste, regiones con menor pobreza dan cuenta de tasas significativamente más altas, reflejando una relación inversa entre pobreza y judicialización.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud para que sea garantizado el acceso efectivo, reducida la judicialización y respondidas de manera oportuna las necesidades de la población.
/Colprensa
