La Contraloría General de la República determinó que $21.709 millones de pesos del Estado, provenientes de recursos de regalías, fueron presuntamente mal utilizados en la construcción y adecuación de la unidad recreo deportiva del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, obra contratada en el año 2022 bajo el número de contrato 017.
Las regalías son los dineros que el Estado colombiano recibe por la explotación de recursos naturales como el petróleo, el carbón o el oro, y que luego reparte entre municipios y departamentos para que los inviertan en obras que mejoren la vida de sus comunidades. En este caso, ese dinero debía servir para construir un escenario deportivo en Tierralta, un municipio del sur de Córdoba.
Sin embargo, la Contraloría, que es el organismo del Estado encargado de vigilar en qué se gasta la plata pública, encontró cuatro irregularidades graves luego de revisar documentos, contratos y hacer visitas directas a la obra.
El primer hallazgo tiene un valor de $3.041 millones que el municipio pagó sin poder demostrar en qué se gastó. Se trata de conceptos como salarios del personal y gastos de operación de la obra, para los cuales no existían los documentos necesarios que justificaran esos desembolsos. Además, la Contraloría determinó que quienes debían vigilar la ejecución de la obra no cumplieron ese papel de manera adecuada.
El segundo hallazgo alcanza los $4.837 millones. Cuando se firma un contrato de obra pública, es común que el municipio entregue por adelantado una parte del dinero, llamada anticipo, para que el contratista pueda arrancar los trabajos. En este caso ese anticipo correspondió al 30% del valor total del contrato. El problema es que el municipio nunca pudo presentar los documentos que demostraran en qué se invirtió ese dinero ni que se hubiera legalizado correctamente su uso.
Este es el hallazgo más costoso: $7.634 millones. El contrato original para construir la unidad recreo deportiva tenía un valor de $15.269 millones, pero en algún momento se le hizo una adición, es decir, se le aumentó el precio en $7.634 millones más. La Contraloría estableció que esa ampliación se hizo sin que existieran estudios técnicos, financieros ni jurídicos que la justificaran, como lo exige la ley. Peor aún: la Tesorería del municipio no presentó ningún certificado que respaldara los pagos realizados con esa plata adicional.
El cuarto hallazgo suma $6.196 millones y es quizás el más visible para la comunidad. Las visitas técnicas que hizo la Contraloría directamente en la obra revelaron grietas, fallas en la estructura y deterioro en los escenarios deportivos construidos. También se encontró que el municipio pagó por trabajos que nunca se realizaron o que se realizaron apenas a medias. Según la Contraloría, estas fallas generan riesgos para la seguridad de las personas que usen las instalaciones.
La Contraloría determinó que estas irregularidades tienen presunta incidencia fiscal, lo que quiere decir que el Estado habría sufrido un daño en su patrimonio. Además, los hallazgos también apuntan a posibles responsabilidades de tipo disciplinario y penal, lo que significa que las irregularidades podrían derivar en investigaciones por parte de otras entidades de control como la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación.
En total, la auditoría arrojó seis hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen la presunta incidencia fiscal ya descrita por $21.709 millones.
/Colprensa
