El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que el costo operativo de los esquemas de seguridad más grandes para los candidatos a la Presidencia de la República asciende a los $500 millones mensuales financiados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El anuncio lo hizo en el marco de una mesa de articulación institucional liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien requirió a las agencias del Estado celeridad en la atención de las alertas electorales para los comicios del 31 de mayo y anunció una visita disciplinaria por presuntas irregularidades en la intervención de la Nueva EPS.
Durante el balance de seguridad de las 14 campañas políticas que participan en la contienda, el ministro Benedetti detalló las dimensiones del operativo estatal que cobija a los aspirantes a la Casa de Nariño.
«Las campañas más robustas no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad y en el caso de la UNP para esos esquemas robustos no vale menos de 500 millones de pesos mensuales cada candidato», detalló Benedetti.
El funcionario agregó que a esa cifra facturada por la UNP se suma un rubro idéntico correspondiente a la logística aportada por la Policía.
«Cada vez que un candidato a la Presidencia o a la Vicepresidencia se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la Policía con sus motos para desplazarse», puntualizó el jefe de la cartera política.
Benedetti precisó que el Gobierno asignó a la protección de las campañas un contingente inicial de 107 personas de la UNP y 160 policías, así como 29 vehículos convencionales, 39 automóviles blindados y 29 chalecos antibalas, junto con 198 servicios de avanzada territorial que demandan la participación de 4.351 uniformados. En total, la estrategia nacional cuenta con 270.000 hombres de la Fuerza Pública.
«Nunca estarán satisfechos, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo como nunca antes lo había hecho la nación para garantizar la seguridad de los candidatos», señaló Benedetti, tras confirmar que algunos presidenciables cuentan incluso con efectivos de comandos especiales (GOES).
Por su parte, el procurador Eljach interrogó al Gobierno sobre la existencia de los recursos para sostener el andamiaje operativo hasta el final de la campaña, requerimiento al que Benedetti respondió de manera afirmativa.
En el marco del encuentro, el jefe de la cartera política criticó los informes de riesgo electoral emitidos por la Defensoría del Pueblo y desestimó la gravedad del panorama expuesto por dicha entidad.
«Ustedes le hicieron exageradamente mucha bulla a los informes», afirmó Benedetti frente a las alertas que catalogaban a decenas de municipios en peligro. El ministro argumentó que la Defensoría falla en su metodología al declarar a toda una población en zona de riesgo cuando el incidente de seguridad ocurre específicamente en una sola vereda o vía rural.
Inspección a la Supersalud e indagaciones a Quintero
El espacio institucional también sirvió para que el Procurador General revelara acciones disciplinarias sobre coyunturas paralelas, como la toma de la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud ocurrida el pasado 14 de abril.
«A las 8 de la mañana se dio la orden y las delegadas empezaron a organizar sus recursos humanos y su tecnología, y arrancaron a trabajar», relató Eljach al confirmar el ingreso de una comisión a las instalaciones de la Supersalud para recolectar información e iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.
Frente a la celeridad de los resultados, el jefe del Ministerio Público pidió mesura. «La labor de la Procuraduría está sometida al debido proceso, al derecho de defensa, a todas las garantías que acompañan a los ciudadanos, especialmente a la presunción de inocencia», explicó.
Finalmente, al ser consultado sobre las indagaciones que cursan contra el exalcalde y actual funcionario Daniel Quintero, Eljach indicó que respeta la competencia del Presidente de la República para designar a sus funcionarios, pero advirtió que los expedientes continúan su curso bajo la reserva legal.
El Procurador reveló que una de las quejas ya produjo una sanción de destitución e inhabilidad por 15 años, la cual se encuentra suspendida temporalmente mientras surte el control de legalidad ante el Consejo de Estado.
/Colprensa.
