El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó las amenazas de muerte difundidas en redes sociales contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y exigió a las autoridades agilizar las investigaciones para capturar y judicializar a los responsables, además de extremar las medidas de seguridad de todos los candidatos en carrera.
En dos pronunciamientos publicados en la red social X, el jefe del Ministerio Público se refirió primero a las intimidaciones contra Valencia y la vandalización de la sede del Centro Democrático en Bucaramanga, y al día siguiente extendió su condena a las amenazas contra De la Espriella.
«Este tipo de actos violentos agravan la situación de polarización que vive el país y van en contra de los esfuerzos de Paz Electoral que se vienen haciendo», señaló Eljach en su segundo pronunciamiento, en el que reiteró la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático.
Las intimidaciones circularon en redes sociales mediante imágenes que muestran coronas fúnebres con los nombres y fotografías en blanco y negro de ambos candidatos, acompañadas de sus fechas de nacimiento y el año 2026. La denuncia sobre la amenaza contra Valencia la realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de sus redes sociales, donde calificó a los autores como «bandidos cobardes» y cuestionó el papel de las plataformas digitales: «Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?», escribió.
Según el senador Mauricio Gómez Amín, las amenazas contra De la Espriella surgieron en el mismo espacio digital que previamente habría publicado la intimidación contra Valencia. «La misma página que amenaza de muerte a Paloma Valencia ahora arremete también contra Abelardo de la Espriella, un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país», afirmó el congresista.
El propio De la Espriella reaccionó por medio de su cuenta de X: «Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad».
LA DEFENSORIA
La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazó y pidió iniciar una investigación ante las recientes intimidaciones contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y la vandalización de una de sus sedes de campaña.
La institución reiteró que en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política.
En ese sentido, la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral.
Ante esta situación la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos en contra de la candidata presidencial del Centro Democrático, identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata.
“El ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz’ incluye que todas las personas, organizaciones políticas y actores sociales contribuyan a un debate público respetuoso, libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en la contienda electoral. Saludamos el rechazo que se ha proferido por las campañas que lo han hecho e invitamos a todos los candidatos y candidatas a que rechacen estos hechos y adopten protocolos para prevenir la difusión de este tipo de contenidos desde sus campañas políticas”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
La institución también solicitó al Ministerio del Interior, tomar este tipo de casos como prioritarios ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y en los comités encargados de las recomendaciones de protección y seguridad para las candidaturas.
“La democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto”, concluyó la Defensoría del Pueblo./Colprensa
