El contrabando no es una infracción menor ni un fenómeno marginal: es una maquinaria criminal que le cuesta al país cerca de 8 billones de pesos al año, según la Dian. Alimenta redes de corrupción, financia estructuras ilegales y se conecta con el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada. Es una amenaza directa al Estado de derecho.
Por eso resulta tan perturbador que el mayor contrabandista de Colombia –‘Papá Pitufo’– no solo haya operado durante décadas con impunidad desde puertos como Buenaventura, sino que hoy aparezca como uno de los criminales que más influyen en este gobierno. Y no por rumores: por admisiones, grabaciones y declaraciones de funcionarios.
En un consejo de ministros el director de la UNP señaló al ministro del Interior de tener vínculos con este ‘zar del contrabando’. A ello se suma que el propio presidente Gustavo Petro reconoció que dicho personaje habría entregado 500 millones de pesos destinados a su campaña, en un hecho que guarda similitud con lo confesado por su hijo Nicolás Petro, quien admitió la financiación de su campaña con recursos provenientes de otro contrabandista, conocido como el ‘Hombre Marlboro’. Lo que evidencian estos hechos no es un caso aislado de infiltración, sino un patrón reiterado: tanto el padre como el hijo habrían recibido recursos de contrabandistas para la campaña a la presidencia.
Las grabaciones conocidas son aún más graves. En ellas, el entonces director de Inteligencia, Jorge Lemus, admite haberse reunido con el abogado de ‘Papá Pitufo’ y escucha advertencias que deberían haber encendido todas las alarmas institucionales: que este contrabandista tendría información capaz de “tirarse el Gobierno” o de provocar una “hecatombe”. Es una amenaza directa al corazón del poder.
Pero lo verdaderamente alarmante es la reacción del Estado. En lugar de una ruptura tajante, lo que se oye es un funcionario arrodillado, con miedo. Lemus llega a sugerir posibles gestiones para favorecer al contrabandista dentro del marco de la llamada ‘paz total’, una salida de impunidad utilizada para proteger narcotraficantes cómo ‘Calarcá’ o los capos de la nueva Catedral de Itagüí que montaron con Isabel Zuleta.
Y como si fuera poco, el propio Lemus reconoció públicamente que ese acercamiento fue autorizado por Petro. Si esto es cierto –y hasta ahora no ha sido desmentido–, estamos ante un hecho de una gravedad institucional mayor: el uso de la inteligencia del Estado no para proteger a la Nación, sino para explorar beneficios a favor de un criminal.
Resulta perturbador que el mayor contrabandista de Colombia no solo haya operado durante décadas con impunidad desde puertos como Buenaventura, sino que hoy aparezca como uno de los criminales que más influyen en este gobierno
La historia reciente no ayuda a disipar dudas. El llamado ‘Pacto de La Picota’, la suspensión de órdenes de captura contra criminales de alto perfil, los ceses del fuego que han fortalecido estructuras ilegales, los episodios vergonzosos en cárceles como la de Itagüí. Todo parece responder a una lógica preocupante: los delincuentes hablan el mismo idioma del Gobierno, el crimen. Y ahora, eventualmente, protegerlo.
A esto se suma el reconocimiento de que desde la Dian se hicieron nombramientos sensibles con aval presidencial, incluso en zonas críticas como Buenaventura, epicentro histórico del contrabando. No es un detalle menor: es la puerta de entrada institucional a las redes que se supone deben ser combatidas.
Y tienen razón en que tanto esfuerzo por traer a ‘Papá Pitufo’ a Colombia en las mieles de la impunidad de la ‘paz total’ solo tiene una justificación, y por eso habla en tono amenazante el contrabandista, y es que si lo extraditan a EE. UU., será otro actor que hablará de la estrecha relación Gobierno-narcotráfico desde su financiación.
Cuando el crimen financia campañas, condiciona decisiones y amenaza con ‘tirar el gobierno’, estamos ante la captura criminal del Estado y por eso gobierna ‘Papa Pitufo’.
*Exministro de Estado
