La Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de la EPS Asmet Salud, Lain Eduardo López Martínez, al tiempo que ordenó la apertura de una investigación formal contra cinco de sus antecesores, tras evidenciar, a través de visitas preventivas, un presunto deterioro sistémico en la prestación del servicio y una grave afectación a la sostenibilidad financiera de esta entidad.
La EPS, intervenida forzosamente por la Superintendencia Nacional de Salud desde mayo de 2023, tiene a su cargo el aseguramiento médico de más de 1,5 millones de afiliados, perteneciendo la inmensa mayoría de ellos a las poblaciones más vulnerables del régimen subsidiado.
El ente disciplinario explicó que la medida cobija a quienes asumieron la intervención forzosa de la entidad desde el año 2023 hasta la fecha, por lo que vinculó al proceso a los ex funcionarios Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.
La Delegada para la Vigilancia Administrativa señaló que estos agentes especiales presuntamente incumplieron con sus obligaciones legales y gerenciales, perpetuando una «precaria e ineficiente atención» para los 1.585.721 afiliados de la EPS, de los cuales el 96% depende del Estado, a través del régimen subsidiado.
Según el expediente, el organismo de control determinó que bajo la administración de los interventores designados por la Supersalud se dispararon las barreras de acceso médico, lo que se tradujo en un incremento de las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), así como en un alza de las acciones de tutela y los incidentes de desacato que los pacientes interpusieron para intentar acceder a sus tratamientos.
A la crisis asistencial se suma un presunto «detrimento de la sostenibilidad financiera de la entidad», dado que los investigadores detectaron un aumento en la siniestralidad, serios indicios de una contratación irregular y un crecimiento de los pasivos operativos a cargo de la empresa promotora de salud.
En ese sentido, la Procuraduría concluyó que existe una posible disminución en el patrimonio, los activos y las condiciones tecnocientíficas y administrativas de la EPS, por lo que ordenó la práctica de pruebas para esclarecer estas anomalías que, en lugar de sanear a la prestadora de salud mediante la intervención estatal, no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso y agudizaron su colapso estructural.
*GIROS INJUSTIFICADOS POR $23.426 MILLONES*
Hallazgos fiscales por $24.849 millones hizo la Contraloría General de la República en una auditoría a la EPS Asmet Salud, durante las vigencias de 2023 y 2024.
La mayor parte de estos hallazgos, $23.426 millones, corresponde a giros injustificados que fueron autorizados por RG Auditores S.A.S., que fue la firma interventora designada por la Superintendencia de Salud.
“Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”, denuncia la Contraloría.
Así, Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones y a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores de los solicitados por Asmet Salud.
A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones y quedan pendientes $23.426 millones por recuperar.
La EPS aseguró que no autorizó esos pagos adicionales y sí lo hizo la interventoría, pero la Contraloría no encontró evidencia de que Asmet Salud hubiera hecho gestiones para recuperar ese pago indebido.
Más de dos años después, los giros permanecen en manos de terceros.
/Colprensa.
