La Fiscal General Luz Adriana Camargo dijo que la entidad opera con absoluta independencia y que su negativa a participar en controversias de redes sociales obedece al deber de proteger la misión judicial del ruido generado por la polarización política que atraviesa el país.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió durante un evento de rendición de cuentas de la entidad a las acusaciones del presidente, Gustavo Petro, y también de sectores de oposición que la señalan de no actuar o no actuar lo suficientemente rápido frente a casos de corrupción y vínculos con mafias transnacionales.
Dijo que la entidad opera con absoluta independencia y que su negativa a participar en controversias de redes sociales obedece al deber de proteger la misión judicial del ruido generado por la polarización política que atraviesa el país.
Camargo explicó que su postura frente a las redes sociales no constituye un vacío administrativo ni falta de gestión. La funcionaria reconoció que las constantes críticas y las noticias falsas que circulan en plataformas digitales afectan su entorno personal y familiar.
«Hoy respondo con honestidad: aunque en lo personal duele y es un poco incómodo, el silencio de la fiscal general de la Nación no es ausencia ni vacío», señaló la jefa del ente investigador frente a los múltiples reclamos del mandatario, su círculo cercano y otros columnistas del país.
Añadió que los avances de la entidad se comprueban de forma continua y pública. «No ha habido un solo día en mi administración en la que los medios de comunicación hayan omitido publicar resultados y acciones de la Fiscalía», indicó para desestimar las acusaciones de inoperancia.
El pronunciamiento de la fiscal ocurrió como respuesta a los duros cuestionamientos del presidente Petro, quien acusó a la institución de mantener complicidad con estructuras narcotraficantes internacionales.
Tras la reciente captura en Bolivia del capo uruguayo Sebastián Marset, el jefe de Estado afirmó públicamente que altos funcionarios del ente investigador permitieron borrar el nombre del delincuente de los expedientes relacionados con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, e incluso aseveró que existía un plan delictivo para atentar contra su propia vida en el ejercicio de su cargo.
Frente a estos graves señalamientos, Camargo defendió la autonomía de la rama judicial y rechazó cualquier tipo de presión externa o señalamiento infundado. «Nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales», concluyó la funcionaria de manera tajante. Explicó además que dichas versiones constituyen «rumores que atentan contra la integridad de la justicia y parten de acusaciones falsas y de un imaginario muy lejano de toda la realidad».
INVESTIGACIONES EN CURSO Y RECLAMOS
La tensión también derivó de los reclamos reiterados del presidente y de su abogado, Alejandro Carranza, sobre una presunta inactividad en investigaciones que la Presidencia considera prioritarias y urgentes. El Gobierno exigió celeridad frente a fraudes millonarios detectados en el sistema de salud, como el caso de la EPS Coosalud que supera los 200.000 millones de pesos, así como en las denuncias estructurales por compra de votos en el departamento de Córdoba y la financiación ilegal de diversas campañas políticas.
Carranza criticó la gestión al asegurar que la Fiscalía perseguía activamente al Gobierno y a la familia del mandatario, mientras autorizaba con su inactividad los ataques en su contra. Sin embargo, Camargo explicó que su deber de dirección frente al proceso de renovación de la entidad le impone el mandato estricto de no interrumpir el trabajo investigativo «con el ruido de la polarización política del país».
Para cerrar su intervención, la fiscal general pidió respeto absoluto por la separación de poderes y la equidad material. «Esperamos de los líderes del país que expongan sus ideas ante sus audiencias sin pasar por encima de las instituciones», ordenó a los distintos actores del debate nacional.
La jefa del órgano fiscal instó a los dirigentes políticos a no instrumentalizar las decisiones de la justicia para agradar a sus bases ni alimentar rencillas. Pidió que ejerzan sus roles democráticos con la verdad, «sin importar ni determinar voluntades que no les corresponden» y que acaten estrictamente «los límites constitucionales y los contrapesos del Estado social de derecho, responsable y libre».
