Luis Miguel Moisés denunció que su hijo fue intimidado por hombres armados que exigieron $1.500.000 tras un accidente en El Rodadero.
Una valerosa denuncia pública de un ciudadano volvió a encender las alarmas sobre la seguridad y el control territorial de estructuras armadas en Santa Marta. El activista samario Luis Miguel Moisés García aseguró que su hijo fue intimidado por cinco hombres armados que, según su relato, se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada -ACSN-, tras un accidente ocurrido en el sector turístico de El Rodadero.
De acuerdo con el líder social, el incidente debía ser cubierto por una póliza de seguro. Sin embargo, afirmó que en lugar de activarse los mecanismos legales correspondientes, al lugar llegaron hombres armados que asumieron el manejo de la situación y exigieron dinero bajo amenazas. “En vez de llamar a la Policía, llaman a paramilitares, porque para ellos son la máxima seguridad”, expresó.
Según su versión, los hombres exigieron $1.500.000 y advirtieron que, si no se entregaba el dinero, su hijo sería llevado a la Sierra Nevada de Santa Marta. “Vinieron porque tuvieron un accidente, que debió ser cubierto por una póliza. Vinieron ellos que son la póliza. Le quitaron $1.500.000 pesos y si no los daba se lo iban a llevar a la Sierra Nevada de Santa Marta”, manifestó.
El activista y ambientalista aseguró que, ante la amenaza, su hijo accedió al pago, situación que lo llevó a lanzar una advertencia pública sobre lo que considera un escenario de control ilegal en la zona turística. “No sé qué debemos hacer en esta tierra para sentir dignidad y elevar la voz por este territorio (…) Esta tierra es una tierra de paracos y tenemos que hacer lo necesario para sacarlos o llevarlos a la cárcel o por camino del diálogo, pero no lo toleramos más”, expresó.
EL RODADERO BAJO LA LUPA
El Rodadero, uno de los principales polos turísticos de Santa Marta, concentra hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercio informal. La sola mención de presunto control armado en esta zona genera inquietud no solo en la comunidad local, sino también en el sector empresarial, que depende en gran medida de la percepción de seguridad para sostener la actividad económica.
En su denuncia, Moisés García amplió los señalamientos y aseguró que existirían cobros semanales a trabajadores informales del sector: “Miserables paramilitares le cobran a los más vulnerables un dinero, los carperos tienen que pagar semanalmente 10 mil pesos”, afirmó Luis Moguel Moisés en las redes sociales, mensaje que se hizo viral, y concentró la atención ciudadana.
También mencionó que frente al edificio Santa María del Mar, tricimotos que se estacionan en la zona recurrirían, según él, a presuntos integrantes de estos grupos ante cualquier conflicto. “Ahora la autoridad son los paracos. En El Rodadero, empresas de turismo ante un problema los llaman”.
De confirmarse, los hechos implicarían la sustitución de funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles y judiciales. Para ella el alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo Cuello anunció que activando los protocolos y coordinando con autoridades se iniciarán las investigaciones, además de un consejo de seguridad para el día de mañana no solo para revisar cada caso, sino para pedir celeridad en los procesos investigativos.
PREOCUPACIÓN CIUDADANA
Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía Metropolitana de Santa Marta ni el Ejército se habían pronunciado al respecto
La ausencia de pronunciamientos mantiene la incertidumbre en la opinión pública y revive el debate sobre el alcance real de las estructuras armadas en zonas urbanas y turísticas de la ciudad.
El caso no solo involucra el delito de extorsión, sino que toca un punto sensible: la posible legitimación social de actores armados como mediadores de conflictos civiles. De confirmarse tales dinámicas, estaríamos ante un fenómeno de control territorial que trasciende lo rural y se instala en espacios estratégicos para la economía local.
Mientras avanzan, o se esperan las investigaciones, la denuncia deja preocupación y un sobre todo un manto de dudas, sobre quien ejerce realmente la autoridad en ciertos sectores de la ciudad de Santa Marta.
ANTECEDENTES DE LAS DENUNCIAS
La denuncia sobre su hijo no constituye un hecho aislado dentro del discurso público del líder social. En un video reciente, Moisés García describió lo que considera un escenario de control territorial por parte de estructuras armadas en sectores vulnerables de la ciudad.
En su intervención mencionó específicamente el barrio Villa Betel, zona que colinda con la vía férrea y el entorno del estadio Sierra Nevada, señalando que se trata de un sector afectado por pobreza estructural, déficit de servicios básicos y problemáticas históricas de violencia.
“En ese barrio que llega al estadio Sierra Nevada, los grupos paramilitares de Santa Marta a la gente más pobre le cobran 2 mil pesos por semana en cada casa; a las motos 15 mil y a las tienditas 20 mil”, afirmó.
El activista también sostuvo que estas presuntas prácticas ocurrirían incluso en zonas cercanas a instalaciones policiales. “Esto frente a la Policía Metropolitana de Santa Marta”, señaló.
Asimismo, aseguró que durante el actual periodo electoral existirían presiones sobre la comunidad en materia política. “En este momento electoral, como no les han pagado, extorsionan para que políticos hagan política; si la gente quiere apoyar a alguno, no los dejan hacer nada y les quitan los afiches”, agregó.
Estas declaraciones realizadas hace poco más de una semana coinciden con los señalamientos expuestos previamente por el líder social sobre presunto control ilegal, cobros extorsivos y restricciones a la participación comunitaria en sectores de la ciudad.
