La Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro, advirtió que ninguna organización armada, incluso aquellas en diálogos con el Gobierno, puede ejercer funciones propias del Estado, imponer sanciones, realizar cobros o intimidar a la población civil.
Luego de la denuncia pública hecha por el activista Luis Miguel Moisés García sobre el presunto cobro de dinero y amenazas contra su hijo en el balneario de El Rodadero, el debate sobre seguridad volvió al primer plano en Santa Marta. El señalamiento no solo habla de una intimidación puntual, sino también de cobros extorsivos y de la posible sustitución de la autoridad legítima por estructuras armadas ilegales en sectores urbanos y turísticos de la ciudad.
La gravedad de lo expuesto, que incluye denuncias sobre pagos obligados a comerciantes informales y presiones en distintos puntos del Distrito, encendió las alarmas ciudadanas y llevó a RADIOHOY.COM a consultar directamente a la alta consejera para la Paz y el Posconflicto, Jennifer Del Toro Granados, quien entregó una declaración amplia, crítica y directa sobre la situación de orden público en la Sierra Nevada y su impacto en la capital del Magdalena.
“NO HEMOS SIDO OMISIVOS NI SILENCIOSOS”: TORO
La funcionaria fue enfática en que el Distrito no desconoce la gravedad de lo denunciado. “El distrito de Santa Marta no niega, no silencia, no desconoce que las estructuras criminales que operan en la Sierra Nevada someten a la población civil a distintos tipos de violaciones en el marco del conflicto armado. El distrito no ha sido omisivo frente a estas denuncias”, afirmó.
Explicó que la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello lleva dos años advirtiendo al Gobierno nacional sobre el deterioro del orden público en la Sierra Nevada y en el Distrito, no solo por cobros extorsivos, sino por asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, reclutamiento de menores y despojo de tierras. Según indicó, estas alertas quedaron consignadas en la Alerta Temprana 020-25 emitida por la Defensoría del Pueblo, documento que, aseguró, fue solicitado por la propia Alcaldía Distrital.
CUESTIONAMIENTOS A LA MESA SOCIOJURÍDICA DE PAZ
Del Toro Granados sostuvo que varias de las estructuras señaladas hacen parte de mesas promovidas por el Gobierno nacional dentro de la política de “paz total”. Sin embargo, cuestionó la efectividad de ese proceso. “Si la Nación no escucha al territorio y no escucha a ciudadanos como Luis Miguel Moisés, a nosotros nos toca reforzar todas nuestras capacidades y aumentar la persecución del delincuente”, manifestó.
Añadió que el Distrito ha tenido la “mano extendida” para acompañar el proceso, pero advirtió que la ciudad no puede permitir que ciudadanos honestos vivan bajo intimidación. Recordó que durante esta administración han sido capturados máximos cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, hoy privados de la libertad, aunque señaló que en otros casos, como el de alias “Cholo”, se han producido liberaciones en el marco de los diálogos sociojurídicos.
“Hay operativos militares exitosos, capturas, pero también limitaciones para judicializarlos porque están reconocidos como miembros representantes en un proceso de paz. Si los capturan, incluso en flagrancia, deben ser dejados en libertad”, explicó.
467 VÍCTIMAS ATENDIDAS
La funcionaria reveló que en 2024 y 2025 el Distrito ha atendido 467 víctimas del conflicto armado en Santa Marta, muchas de ellas por amenazas. Asimismo, aseguró que presentó ante autoridades nacionales un informe detallado sobre patrones de cobros extorsivos, reclutamiento forzado de menores y control territorial en sectores urbanos.
En ese documento, según relató, se documenta incluso el control del trabajo sexual en el Centro Histórico, con división territorial en el Camellón, el Parque Bolívar, el Parque de los Novios, la catedral y coerción contra mujeres que ejercen esa actividad.
“Las mujeres sometidas a tratos, como lo he denunciado en mi informe, crueles, inhumanos y degradantes. Ese informe está en poder de la Fiscalía y fue remitido directamente al Presidente, y la respuesta que yo obtuve era que eso debía tramitarse a través de la fiscalía porque ellos no tenían poder judicial”, señaló.
PETICIÓN DIRECTA AL PRESIDENTE
La Alta Consejera de Paz y el Postconflicto hizo un llamado claro al Gobierno nacional para que asuma una decisión frente a la mesa de paz en la Sierra Nevada. “El presidente es el único que puede decidir sobre la viabilidad o no de ese proceso. Si no lo va a tomar en serio, debe desmantelarse y buscarse una salida por las vías que la Constitución y la ley nos permiten, incluso opciones militares”, expresó.
Pero fue más allá. Según la funcionaria, el balance actual del espacio sociojurídico es preocupante. “Para lo único que ha servido este espacio sociojurídico de paz en este momento es para que estos grupos armados se expandan, para que las órdenes de captura les sean levantadas por cuenta de decisiones de la Fiscalía a solicitud del Gobierno Nacional y para que haya control de algunos sectores y territorios en la Sierra Nevada, incluyendo el Distrito, bajo el dominio de estos delincuentes”, afirmó.
Indicó además que el presidente tiene una obligación directa frente a la Alerta Temprana 020-25 y frente a la Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín. Explicó que debe adoptarse un plan de acción concreto, competencia que recae en el Ministerio del Interior, hoy encabezado por Armando Benedetti.
“Debe hacerlo y deben venir al territorio a dar la cara por este escenario humanitario y de inseguridad desbordado en todo el Caribe colombiano”, sostuvo.
La alta consejera también advirtió que la denuncia inicial podría ser apenas el comienzo de nuevas revelaciones. Según dijo, cada vez más ciudadanos se están atreviendo a hablar. “La gente se está envalentonando y ya está denunciando lo que el miedo les ha impedido denunciar. Estamos recibiendo detalles y denuncias sobre la presencia de elementos armados actuando a nombre de una organización ilegal y criminal, exigiendo y extorsionando a comerciantes y ciudadanos”, manifestó.
Las declaraciones de la Alta Consejería se suman a un debate que hoy atraviesa a la ciudad. Más allá del caso puntual denunciado, lo que está en discusión es la capacidad del Estado para garantizar que la autoridad constitucional prevalezca en todos los rincones de Santa Marta y que la ciudadanía no tenga que elegir entre el silencio y el miedo.
