El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez radicó oficialmente una solicitud de impedimento para que la Sala Plena determine si debe apartarse del estudio de la reforma pensional, decisión que tomó tras la recusación presentada por la Presidencia de la República que lo señaló de prejuzgar la norma en declaraciones entregadas a un medio de comunicación.
La petición, que será resuelta por la Sala Plena la próxima semana antes de abordar el fondo del articulado, surgió luego de que el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, argumentara que Ibáñez violó la reserva judicial. El Gobierno alegó que las «declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad» correspondieron a sus comentarios sobre el presunto vicio de trámite durante la aprobación de la ley.
En la mencionada entrevista con el diario El Tiempo, el jurista indicó que no se corrigió la falta de procedimiento en los debates de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio. Ante esto, la Casa de Nariño solicitó que, «antes de que la Sala Plena de la Corte Constitucional inicie el estudio relacionado con la decisión del expediente, se decida la presente recusación».
Ibáñez explicó en el documento radicado que concedió la entrevista en ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte, motivado por la mediatización del debate y la filtración de su ponencia, la cual pedía tumbar la reforma. Según argumentó, la información sobre el sentido del fallo y el empate en la votación que obligó al nombramiento de un conjuez ya circulaba en la opinión pública.
«En efecto, el trámite del Expediente D-15.989 ha sido objeto de una cobertura mediática intensa y sostenida, en cuyo desarrollo se ha divulgado públicamente, sin intervención de mi Despacho, tanto el sentido de los proyectos de fallo que presenté a la Sala Plena como el resultado de las deliberaciones que sobre ellos se han surtido», consignó Ibáñez en el texto.
El magistrado aseguró que sus respuestas no revelaron información nueva ni excedieron lo que era de conocimiento público. Sin embargo, reconoció que la Sala Plena ya lo apartó previamente del debate sobre la emergencia económica basándose en la misma entrevista, lo que constituyó una valoración previa del contenido periodístico en su contra.
La decisión de declararse impedido buscó anticiparse a las consecuencias de que la recusación del Gobierno prosperara sin su iniciativa previa, lo cual podría acarrearle sanciones disciplinarias. Ibáñez manifestó que, de no existir estos antecedentes, mantendría su postura sin recurrir a esta figura jurídica.
«Si este no fuera un caso tan sensible, que ha generado tantos malestares para la Corte y para mí, en términos personales, seguramente me abstendría de presentar impedimento alguno, pues estoy convencido de que el concepto que sobre el asunto he formulado ante la Sala Plena y que conoce el público en general no es otro que el elaborado en ejercicio de mis funciones como ponente», señaló el documento.
El togado añadió que la situación se agravó porque su postura «lamentablemente, repito, se ha filtrado a los medios de comunicación y por lo tanto es de público conocimiento desde hace varios meses».
Ibáñez solicitó a sus colegas celeridad en la determinación. «Ante la urgencia del trámite del expediente citados en la referencia que está en cabeza de la Corte Constitucional, solicito que el estudio de esta manifestación de impedimento sea abordado con carácter prioritario», pidió.
En caso de que la Sala Plena acepte el impedimento, el expediente pasará al despacho de la magistrada que sigue en orden alfabético, la actual presidenta de la corporación, Paola Meneses.
- COLPRENSA
