La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó una ejecución del 99,3% de los recursos asignados para 2025, el índice más alto del sector justicia según el Ministerio de Hacienda, un manejo financiero sobre el que la Contraloría General de la República no abrió investigaciones tras cerrar su auditoría sin hallazgos fiscales, penales o administrativos.
Aunque el reporte del Ministerio de Hacienda ubicó al Sistema Integral para la Paz en el primer lugar de ejecución presupuestal entre los 32 sectores nacionales, las cifras mostraron un comportamiento distinto en el nivel de obligaciones. Este indicador, que mide los pagos realizados sobre bienes efectivamente recibidos, se situó en el 88,2%, un porcentaje inferior al de los compromisos adquiridos.
La administración de la JEP atribuyó esta diferencia técnica a un movimiento financiero de última hora: la incorporación de 30.130 millones de pesos a su presupuesto el 30 de diciembre de 2025, apenas 24 horas antes del cierre de la vigencia fiscal, lo que impactó el promedio final de pagos.
La auditoría de la Contraloría, realizada en el segundo semestre de 2025 bajo el marco del seguimiento a la Comisión de la Verdad, determinó que el gasto se ajustó a los principios de legalidad. El informe final del organismo fiscalizador concluyó textualmente que «no se identificó ningún tipo de hallazgo administrativo, fiscal y/o penal» en las cuentas del tribunal transicional.
En su documento de cierre, el ente de control señaló que «los resultados reflejan una gestión adecuada y conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia». Asimismo, la auditoría destacó un índice de «reconocimiento de verdad (91,46%) por parte de comparecientes» y precisó que la jurisdicción avanza en el «paso progresivo» hacia la imposición de sanciones propias.
Los fondos ejecutados financiaron la emisión de las dos primeras sentencias restaurativas del tribunal: la condena al último Secretariado de las Farc por secuestro y la sentencia contra 12 militares del Batallón La Popa por asesinatos presentados como bajas en combate. De igual forma, los recursos cubrieron el juicio adversarial que derivó en la condena de un integrante de la fuerza pública que no aceptó responsabilidad y fue hallado culpable.
El balance operativo de 2025 incluyó la representación judicial de 6.555 víctimas y la realización de 44 exhumaciones y 147 entregas dignas de cuerpos. Frente al volumen procesal financiado, la Contraloría reseñó que, «con más de 2,3 millones de hechos analizados y más de 2.000 versiones recibidas, la JEP consolida sus herramientas claves».
- colprensa
