La Misión de Verificación de las Naciones Unidas reconoció en su más reciente informe los avances del Gobierno en la entrega de tierras, pero lanzó una advertencia lapidaria: sin la entrada en operación de la Jurisdicción Agraria, la Reforma Rural Integral carece de un árbitro que garantice la seguridad jurídica y evite que los conflictos por la propiedad se sigan resolviendo con violencia.
Mientras el Ministerio de Agricultura reporta la adjudicación de 291.030 hectáreas —cerca del 10 % de la meta del Acuerdo de Paz— y la formalización de más de 3,6 millones de hectáreas, el andamiaje judicial necesario para sostener estas cifras permanece inoperante.
El informe del Secretario General de la ONU, que abarca el último trimestre de 2025, señala directamente al Legislativo como el responsable del freno: «El Congreso aún no ha celebrado un debate plenario sobre el proyecto de ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural».
El documento subraya que, aunque la tierra se está entregando, la falta de jueces especializados deja a los campesinos y beneficiarios étnicos expuestos. La Misión documentó el asesinato de un líder reclamante de tierras en el Magdalena Medio en septiembre de 2025, crimen perpetrado «poco después de que se le concediera un predio».
Este hecho materializa el temor de los organismos internacionales: titulación sin justicia es un terreno fértil para nuevos ciclos de violencia.
EL VÍA CRUCIS DE UNA REFORMA ESTRUCTURAL
El camino de la Jurisdicción Agraria ha estado minado de obstáculos técnicos y políticos. Creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, esta instancia nació con la promesa de saldar una deuda histórica del Estado con el campo. Su Ley Estatutaria, encargada de definir su estructura general, logró superar el trámite legislativo en junio de 2024 y recibió el aval de la Corte Constitucional en septiembre de 2025.
Sin embargo, para que los jueces agrarios puedan abrir sus despachos y dictar sentencias, se requiere la aprobación de la Ley Ordinaria, que establece las competencias y procedimientos específicos. Este proyecto, radicado por el Gobierno desde agosto de 2024, no ha logrado despegar.
Al cierre de 2025, la Defensoría del Pueblo denunció que la iniciativa «ni siquiera ha sido incluida en la agenda próxima» del Senado, calificando la situación como una «parálisis institucional» que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
La falta de tracción legislativa coincide con una marcada inestabilidad en la cartera de Justicia, que en lo corrido del actual Gobierno ha tenido tres titulares, dificultando la consolidación de una estrategia política sostenida en el Congreso.
La ruta inició con Néstor Osuna, quien logró la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023. Su premisa fue clara: sacar los conflictos de tierras de la lógica de la guerra para llevarlos a los estrados judiciales. Sin embargo, su gestión concluyó con la estructura constitucional aprobada pero sin los «dientes» legales para operar.
El relevo lo tomó Ángela María Buitrago, cuya llegada prometía un perfil técnico y riguroso para blindar la jurisdicción ante las críticas de la oposición sobre una supuesta expropiación exprés. Buitrago defendió ante el Legislativo que la jurisdicción no amenazaba la propiedad privada, sino que garantizaba el derecho de los campesinos a defenderse. Pese a su insistencia, el ambiente político y las tensiones con el Congreso impidieron que la ley ordinaria avanzara con la celeridad requerida.
Posteriormente, la cartera pasó a manos de Eduardo Montealegre. Su paso por el ministerio estuvo marcado por la necesidad urgente de acelerar la reglamentación en un año preelectoral. Sin embargo, la polarización política y la falta de consenso en las cámaras bajas mantuvieron el proyecto en el congelador. Bajo su gestión, la advertencia fue constante: sin jueces agrarios, la titulación de tierras quedaba coja.
Hoy, la realidad le da la razón a la inestabilidad ministerial. La ONU documentó que la falta de garantías jurídicas y de seguridad tiene consecuencias letales. El informe reseñó el asesinato de un líder defensor de derechos humanos en el Magdalena Medio en septiembre de 2025, ocurrido «poco después de que se le concediera un predio».
UN LLAMADO DE URGENCIA ANTE LA VIOLENCIA
El informe de la ONU es enfático en solicitar celeridad: «Apelo al Congreso a que delibere y alcance un consenso sobre el proyecto de ley que regula la Jurisdicción Agraria y Rural».
Para el organismo multilateral, esta jurisdicción no es un asunto meramente procedimental, sino un «mecanismo que podría acelerar la reforma rural» y proporcionar la seguridad jurídica que hoy reclaman tanto campesinos como empresarios del campo.
Mientras el debate político se dilata en Bogotá, la realidad en los territorios sigue marcada por la disputa armada. La Misión de Verificación registró que la violencia contra líderes sociales y excombatientes continúa concentrándose en zonas con limitada presencia estatal, como el Catatumbo y el Cauca, confirmando que la «paz total» rural sigue esperando quién la juzgue.
/Colprensa
