Si en mi entrega anterior analizábamos «el espejismo del salario vital» como una victoria de la voluntad sobre la razón, hoy es imperativo observar cómo esa ilusión de bienestar aterriza en la sala de las casas, en las asambleas de copropietarios y en la Fuerzas Militares.
Mientras la atención pública se distrae con la geopolítica regional por el caso de la extracción de Nicolás Maduro, en el interior de los hogares colombianos se libra un pulso con la aritmética. El aumento del 23.7% no es solo una cifra en un boletín; es un muro que empieza a separar a millones de ciudadanos de su sustento diario.
El impacto inmediato más cruel de esta medida recae sobre los trabajadores de las economías domésticas. Una familia de clase media que, con esfuerzo, mantenía una empleada de servicio de lunes a viernes, inclusive, menos días, se enfrenta hoy a una realidad insalvable: el costo real para el empleador -sumando seguridad social y las provisiones de ley que completan trece sueldos al año- asciende exactamente a $2.933.963 mensuales, sin contar el habitual desayuno y almuerzo. Para la mayoría de los hogares, esto no es un ajuste; es una sentencia de terminación de contrato o, peor aún, un empujón hacia la informalidad. Las llamadas empleadas domésticas lo saben y, desde luego, deben estar muy preocupada, así mismo los vigilantes, y otros más que dependen del mínimo.
Esta asfixia se manifiesta también en lo que ya se advierte como un «despelote» institucional. En las Fuerzas Militares, por ejemplo, mientras el soldado profesional recibe el aumento del 23.7%, sus superiores -oficiales y suboficiales- apenas ven un ajuste del 5.1% por inflación. Este «efecto acordeón» rompe la jerarquía del mérito y la formación; hoy, la responsabilidad del mando y los años de estudio se nivelan hacia abajo, erosionando la disciplina social y el incentivo para progresar. Es la consumación de una política que busca igualar por el piso, ignorando que legislar contra la aritmética sin aval fiscal es puro teatro político.
Gremios como Acopi y la Andi han sido tajantes al señalar que un aumento que duplica el límite de viabilidad técnica -fijado por los expertos en un prudente 10%- es una condena a la parálisis. Sin recursos para absorber cargas prestacionales desproporcionadas, el pequeño empleador se ve forzado a elegir entre el cierre o la precariedad de las sombras, destruyendo justamente ese empleo formal que el Estado dice proteger. No se está redistribuyendo riqueza; se está confiscando el margen de supervivencia del tejido productivo.
Resulta desolador observar la miopía de las centrales obreras, que insisten en abrazar políticas obsoletas de división de clases catalogando al empresario como un explotador. ¿Por qué no enfocan su combatividad en denunciar el gigantismo improductivo del Estado? El verdadero obstáculo no es quien crea empleo, sino un aparato estatal politizado que infla sus nóminas con militantes para asegurarse un caudal de votantes prepagos, mientras asfixia con decretos a la economía real.
Toda labor merece un incremento justo, pero la estabilidad nace de la productividad, no de la demagogia. Ignorar esto es condenar al país a un estancamiento donde el Estado finge proteger al trabajador mientras el ciudadano común se ve obligado a prescindir de servicios esenciales. El «salario vital» podría terminar siendo, para los más necesitados, el certificado de defunción de su propio empleo.
*Economista y analista internacional
