Como sucedió este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el caldeado debate por las acciones de Estados Unidos este fin de semana en Venezuela se trasladó hoy al seno de la OEA en Washington, donde fue citada una sesión urgente del Consejo Permanente para evaluar la situación.
La sesión fue convocada por Colombia y otros cinco países, y es presidida por el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, que acaba de asumir la presidencia del Consejo por los próximos meses.
Como el día anterior, la región se vio dividida entre países que rechazan de manera categórica el golpe que culminó en la captura de Maduro y los que respaldan la acción estadounidense.
El primero en tomar la palabra fue el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, quien habló desde Bogotá y fijó una de las posiciones más duras de la jornada contra la operación estadounidense.
Jaramillo dejó claro desde el inicio que, para su país, los hechos del fin de semana constituyen un punto de quiebre de enorme gravedad para la región.
Colombia, dijo, expresa su “categórico rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela”, al tiempo que llamó a la unidad y solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa.
En su intervención, el viceministro sostuvo que las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio venezolano representan una violación clara del derecho internacional, al contravenir el principio de la prohibición del uso de la fuerza entre Estados, así como el principio de no intervención, consagrado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA.
Jaramillo advirtió que lo ocurrido sienta un precedente “sumamente preocupante”, porque pone en riesgo la paz y la seguridad regional y erosiona el orden internacional basado en normas.
“Cuando se relativizan los límites al uso de la fuerza, se debilita la igualdad soberana de los Estados y se abre la puerta a un sistema internacional regido por la imposición y no por el derecho, con consecuencias imprevisibles a escala hemisférica y global”, dijo el viceministro.
También subrayó la preocupación de Colombia por el impacto directo de estas acciones sobre la población civil venezolana, insistiendo en que la protección de los civiles y de la infraestructura de carácter civil debe ser una prioridad absoluta.
En uno de los pasajes más enfáticos de su discurso, el viceministro sostuvo que la democracia no puede imponerse por la fuerza ni por la coerción externa, sino que solo puede construirse mediante procesos políticos pacíficos, inclusivos y respetuosos de la voluntad popular.
En ese sentido, defendió que cualquier salida a la crisis venezolana debe surgir del diálogo y la negociación entre los propios venezolanos, sin injerencias externas, y recordó que la OEA tiene un rol esencial en la prevención de conflictos y en la reducción de tensiones, no en su escalamiento.
Jaramillo también abordó el impacto regional del conflicto y señaló que Colombia ha adoptado medidas preventivas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad de la frontera, ante la posibilidad de un nuevo flujo masivo de migrantes.
Reafirmó que su país seguirá siendo un receptor solidario de la población venezolana, aunque advirtió que un agravamiento de la crisis supondría una presión significativa sobre los recursos y capacidades del Estado colombiano.
Hacia el final de su intervención, Jaramillo se enfocó en declaraciones recientes del presidente Trump, cuando sugirió que Colombia y el presidente Gustavo Petro podrían ser el próximo blanco.
Colombia, dijo, rechaza de manera “categórica, firme e inequívoca” cualquier amenaza del uso de la fuerza o acto de agresión contra su territorio, así como las declaraciones difamatorias y sin sustento contra el presidente Gustavo Petro.
Ese tipo de pronunciamientos, afirmó, son inadmisibles, constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país y violan los principios más básicos del derecho internacional, incluida la igualdad soberana de los Estados.
“Exigimos respeto”, remarcó, al denunciar estigmatizaciones y discursos irrespetuosos contra un jefe de Estado elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano.
Colombia, concluyó el viceministro, no admitirá conductas que desconozcan las normas que garantizan la convivencia pacífica entre las naciones y reiteró su disposición a ofrecer buenos oficios diplomáticos para contribuir a una salida negociada.
Al mismo tiempo, lanzó un llamado enérgico a evitar acciones que escalen las tensiones y pongan en riesgo una región que, recordó, tiene una larga trayectoria como zona de paz, hoy —advirtió— seriamente amenazada.
División en la OEA por operación de EE. UU. en Venezuela
Países como Chile, Uruguay, México y otros, sin defender a Maduro y advirtiendo que nunca reconocieron su ascenso al poder tras perder las elecciones en mayo del año pasado, adoptaron una línea similar, haciendo énfasis en la no intervención en los asuntos de otros Estados, el respeto a la soberanía, la supremacía del derecho internacional, la condena a las acciones militares unilaterales y la necesidad de privilegiar el diálogo y las salidas negociadas.
México, adicionalmente, se sumó a las críticas expresadas por Colombia por las amenazas de Trump de expandir su campaña militar a otros países de América Latina.
La respuesta de Washington llegó poco después y estuvo a cargo del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, quien defendió sin matices la operación ejecutada el fin de semana y buscó encuadrarla tanto en términos políticos como jurídicos.
Según dijo, la decisión no fue tomada “a la ligera” y el propio Trump incluso ofreció a Maduro “diferentes vías de escape”, que este optó por rechazar.
Para el representante estadounidense, además, lo ocurrido no constituyó una interferencia en la democracia venezolana, sino exactamente lo contrario.
“Más bien eliminó el principal obstáculo que se interponía a la democracia venezolana”, afirmó, al asegurar que Maduro, antes que defender estos principios, los destruyó.
El embajador recordó además que este mismo órgano —la OEA— no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, y lo describió como el líder de una estructura vinculada al narcotráfico, la corrupción y la represión, cuyos efectos han sido sentidos por todos los países de la región.
En ese sentido, insistió en que la operación debía entenderse como una acción de fuerza pública y judicial en su contra, y no como una intervención.
Rizzuto trajo a colación palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, según el cual Washington no permitirá que Venezuela se convierta en un centro de operaciones de Rusia, China, Irán, Hezbolá o de agencias de inteligencia extranjeras.
También cuestionó que las mayores reservas petroleras del mundo permanezcan bajo el control de adversarios del hemisferio occidental, mientras la población venezolana carece de servicios básicos y no se beneficia de la riqueza energética del país.
