La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó continuar el juicio contra el exgobernador de Nariño Camilo Romero por presuntas irregularidades en un contrato para la venta de aguardiente, a pesar de la ausencia justificada de su abogado de confianza, Miguel Ángel del Río, designando una abogada de oficio que el procesado no aceptó.
Durante la audiencia, el magistrado Ariel Torres señaló que la abogada de oficio podía continuar con la diligencia ante la ausencia del defensor principal. La decisión provocó la molestia inmediata de Romero, quien intervino para expresar su desacuerdo. “No acepto esta decisión de la Sala. Esto de acelerar a como dé lugar ya nos lo hicieron y fue una barbaridad”, manifestó.
El ex gobernador explicó que no fue notificado de que se le había asignado una abogada de oficio y que ella no conocía la estrategia de defensa que se ha construido. Sostuvo que, a su entender, solo el abogado titular puede nombrar a un suplente, por lo que consideró la medida como una violación al debido proceso y a su derecho a la defensa.
“No acepto esta suplencia”, reiteró Romero, aunque agradeció la disposición de la abogada designada, Ruth Marina Pulido. Argumentó que en la etapa actual del proceso requiere la asistencia de un profesional de su “absoluta confianza” como lo es Miguel Ángel del Río.
Añadió que un profesional necesita un «plazo razonable» para preparar una audiencia de tal envergadura, un concepto que, según él, ha sido defendido por la propia Corte Suprema. Tras la decisión del alto tribunal, Romero anunció que interpondrá una acción de tutela e incluso acudirá a instancias internacionales.
Fuentes del proceso indicaron que aunque la abogada suplente afirmó «no conocer el expediente a cabalidad», tenía acceso al mismo desde el pasado 19 de julio.
La investigación contra Camilo Romero se centra en presuntas irregularidades en la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño en 2016, por un valor superior a los 18.000 millones de pesos. Los delitos que se le imputan son contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y falsedad ideológica en documento público.
La contratación se efectuó mientras Romero, entonces gobernador, se encontraba de viaje, quedando el proceso en manos del Secretario de Hacienda de la época.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción de suspensión de cuatro meses contra el exgobernador. En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público concluyó que Romero «actuó sin la diligencia y cuidado necesario pues no vigiló y controló la actuación desplegada por el secretario de Hacienda».
La Sala Disciplinaria determinó que la administración departamental no garantizó la libre concurrencia de oferentes, pues solo una empresa tuvo acceso al decreto que fijaba precios y escalas para la venta del licor. La conducta de Romero fue calificada como falta grave a título de culpa grave, y la sanción se convirtió en el pago de $31.859.152.
Esta no es la primera controversia procesal en el caso. En diciembre de 2022, el abogado Miguel Ángel del Río solicitó la nulidad de todo lo actuado, petición que fue negada por la Corte Suprema en abril de 2023. En su momento, la ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres criticó los argumentos de la defensa y los calificó como «abiertamente dilatorios».
La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público también solicitaron rechazar esa petición, argumentando que se trataba de un tema que ya se había discutido en audiencias previas.
La situación actual tiene un antecedente en enero de 2022, cuando la misma abogada hoy designada como suplente, Ruth Marina Pulido, en calidad de defensora pública, solicitó aplazar el juicio oral argumentando que no había tenido tiempo suficiente para acceder al expediente y preparar la defensa, una petición que la Corte también negó en esa oportunidad.
/Colprensa
