El abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en calidad de apoderado judicial del presidente Gustavo Petro Urrego, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por los presuntos delitos de conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria.
Según el documento radicado, Leyva habría utilizado cartas abiertas, declaraciones a medios de comunicación y audios filtrados para construir un relato que señalaba al presidente Petro de estar incapacitado mentalmente, ser adicto a sustancias prohibidas y haber incurrido en conductas impropias del ejercicio presidencial. Dichas manifestaciones, sostiene la denuncia, tendrían una alta carga emocional y simbólica que “predispone emocional y discursivamente a un contexto de confrontación” y podrían interpretarse como un llamado implícito a la violencia contra el jefe de Estado.
El escrito cita un fragmento en el que Leyva sugirió que “una tragedia podría ocurrir” como consecuencia de las palabras del presidente, lo que, a juicio del denunciante, configuraría una “profecía autocumplida” con capacidad de generar riesgo para la estabilidad democrática.
La denuncia también relaciona estas declaraciones con hechos posteriores, como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas después. Aunque no se imputa a Leyva autoría directa en ese ataque, se argumenta que el contexto refuerza la hipótesis de instigación como modalidad autónoma de intervención punible.
Asimismo, el documento señala que el exministro no se retractó ni rechazó públicamente el atentado, ni desautorizó sus declaraciones anteriores, lo que —según la parte denunciante— podría legitimar o alentar acciones violentas.
En respaldo de la acusación, se citan jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierten sobre el potencial de los discursos de figuras públicas para generar entornos que favorezcan la comisión de delitos, incluso sin apología directa de los mismos.
La Fiscalía deberá ahora determinar si existe mérito para abrir una investigación formal contra el exministro Leyva por los hechos señalados.
