Las familias cafeteras de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hicieron públicas una serie de denuncias contra el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al considerar que las decisiones adoptadas por estas entidades están afectando sus derechos sobre las tierras que, aseguran, han ocupado y cultivado durante varias décadas.
Los productores, que representan a cerca de 300 familias, afirmaron que las actuaciones relacionadas con los procesos de restitución de tierras y la reforma agraria están generando un conflicto entre campesinos e indígenas, situación que, según señalaron, no se había presentado en la zona. Además, sostienen que varias resoluciones y acuerdos fueron expedidos sin consultar a las comunidades cafeteras.
Uno de los voceros del grupo, quien pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad, manifestó que los campesinos están siendo tratados injustamente. «Nos están tratando como despojadores, cuando somos víctimas del abandono estatal», afirmó.
Entre las principales denuncias, los cafeteros señalaron que algunos funcionarios de la URT los han calificado públicamente como opositores a la paz y como un obstáculo para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Según indicaron, este tipo de señalamientos pone en riesgo su seguridad.
También aseguraron que las medidas cautelares dictadas dentro de procesos de restitución han limitado el acceso a créditos, la asistencia técnica y la comercialización del café, ocasionando pérdidas en las cosechas de 2025 y 2026.
Los productores afirmaron, además, que en algunos procesos judiciales se estaría utilizando información que afecta a familias con escrituras públicas anteriores a 1991. En ese sentido, sostienen que se pretende desalojarlos sin que se aplique el principio de buena fe exenta de culpa establecido por la Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional.
En un documento firmado por 151 productores, los campesinos solicitaron al Gobierno Nacional revisar las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la URT y la ANT, al considerar que han vulnerado los derechos de las comunidades campesinas.
Asimismo, pidieron investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que, según ellos, participaron en la elaboración de las demandas que dieron origen a estos procesos.
Dentro de esas solicitudes incluyeron una petición para que se investigue al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres Díaz. Los campesinos lo acusan de favorecer a las comunidades indígenas y de excluir a los productores cafeteros de las evaluaciones de riesgo humanitario. Por ello, solicitaron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que el funcionario sea separado del cargo si se comprueba alguna irregularidad.
De igual forma, hicieron un llamado a la Asamblea Departamental del Magdalena para que adelante un debate de control político y estudie mecanismos que permitan proteger los territorios donde históricamente se desarrolla la actividad cafetera en Palmor.
También solicitaron a los congresistas del Magdalena promover debates sobre la actuación del Ministerio de Agricultura, la URT y la ANT en la Sierra Nevada.
En el pronunciamiento, los productores insistieron en que son tenedores de buena fe y rechazaron los señalamientos de los que aseguran han sido objeto.
«No somos guerrilleros, no somos delincuentes, no somos despojadores. Pagamos impuestos, generamos miles de empleos en cada cosecha y le damos desarrollo al territorio. El Gobierno es ausente en Palmor y lo poco que llega es para quitarnos la tierra», expresaron.
Finalmente, las familias cafeteras manifestaron que continuarán defendiendo sus derechos por las vías legales y aseguraron que no permitirán ser desplazadas de los predios que, según afirman, han trabajado durante décadas.
