Lo coadyuvantes en el proceso seguido por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry que terminó con la anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena para el período 2024 – 2027, por medio de una carta se dirigieron al Consejo de Estado, para evitar que se siga dilatando el nombramiento de gobernador encargado para el Magdalena.
La misiva suscrita por Camilo David Hoyos, Luis Alberto Riascos Rojas y Rubén Ceballos Mendoza a Luis Alberto Álvarez Parra, en su calidad de magistrado Ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que fue la entidad que profirió la sentencia final.
“De manera respetuosa nos permitimos solicitar a usted se disponga lo necesario a fin que la sentencia por ese despacho emitida el pasado mes de mayo 8 de 2025 y ejecutoriada el día 30 de julio de 2025 no se dilate por el presidente y el Ministro del Interior de manera injustificada”, expresa uno de los apartes de la carta calendada el 6 de agosto.
Justifican su petición en el hecho que, esas dilaciones que plantea el Gobierno Nacional por conducto del Ministro de Interior, enterados por la prensa local, viene perjudicando al Departamento del Magdalena, toda vez que a la fecha de hoy la decisión ha dejado de cumplirse y la gobernación permanece acéfala.
“Por lo demás, consideramos de manera respetuosa que el presidente tiene la plena libertad de designar gobernador encargado a la persona que, él considere idónea para ejercer esa función, la consecuencia de la nulidad declarada no solo cobija a la persona de Rafael Martínez si no a su partido Fuerza Ciudadana, por esa indebida inscripción, siendo esa la consecuencia jurídica que debe asumir esa colectividad, por inscribir a un candidato absolutamente inhabilitado”, expresa otro aparte de la comunicación.
Por otra parte, hacen saber que, el Ministerio tiene abogados distinguidos y bien capacitados que podrían orientar al gobierno en este sentido y no distraer la actividad del Honorable Consejo de Estado en estas materias, lo cual configura a su juicio un irrespeto a las decisiones de esa alta corporación judicial.
“El gobierno nacional debe cumplir de manera inequívoca y en el menor tiempo posible la decisión judicial del máximo Tribunal de los Contencioso Administrativo, so pena de incurrir en conductas punibles de fraude a resolución judicial en concurso con el prevaricato”, precisa la carta.
