El tema de la judicialización de figuras presidenciales se ha puesto de moda en países desarrollados y no desarrollados. En Estados Unidos, el presidente Trump alegó como candidato presidencial a una reelección que estaba siendo objeto de una persecución política que finalmente se tradujo en la decisión del juez Merchán, que lo declaró criminal, pero que no lo sometió a ninguna sanción con base en alguna pieza legislativa que se lo permitía. El expresidente SarKozy en Francia, fue objeto de varios juicios y entiendo que ya está cumpliendo la condena que uno de ellos le impuso. El presidente Sánchez de España ha venido sufriendo varias acusaciones que podrían derivar en una imputación criminal.
Y, en Latinoamérica, pues ya es difícil encontrar un país en el cual un presidente o expresidente, no haya sido sometido a un proceso criminal o un proceso de acusación política en el Congreso. Cristina Kirchner en Argentina, lo seis presidentes peruanos, el presidente Correa en Ecuador, el presidente Lula en Brasil, aunque luego fue absuelto y así pudo ser elegido y es el actual presidente de esa gran nación. Bolsonaro, también en Brasil. En Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla fue sometido como expresidente a un juicio político en el Congreso que lo declaró indigno, pero luego la Corte Suprema de Justicia inválido esa decisión y así pudo participar como candidato presidencial. Y Ernesto Samper promovió su propio juicio político en el Congreso, y ello en relación con la financiación de su campaña presidencial por el cartel de Cali, y éste lo declaró inocente.
El presidente Álvaro Uribe es el primer caso de una persona que ha alcanzado esa altísima dignidad no una sino dos veces, que ha gozado de un enorme prestigio como presidente, y luego como dirigente político, a tal punto que nadie negaría que ha sido la personalidad política más influyente del siglo XXI. El Congreso de los Estados Unidos le otorgó la máxima condecoración junto con el primer ministro británico, Tony Blair, la medalla de La Libertad.
No encuentro un solo caso en el cual ese tema no de lugar a la teoría que se trata de una persecución política. Es que vivimos los tiempos de la judicialización de la política que lleva inevitablemente a que se diga, a veces sin razón, que hay una politización de la justicia. Qué fue lo primero es un tema controversial. Y tratándose de personalidades que han alcanzado el máximo honor que otorga la política, es imposible que los afectos y las pasiones políticas, no contaminen el proceso, una razón de más para que exista, de verdad, un Tribunal de muy alto nivel integrado por personalidades impecables que asuman el conocimiento de este tipo de imputaciones para ofrecerle así a la ciudadanía la credibilidad que un trámite judicial de esta naturaleza exige.
Pero la Constitución e integración de ese tribunal se ha visto también como algo imposible. De manera que hoy las más altas personalidades políticas saben que están expuestas a este tipo de juzgamientos. Para un sistema político, el que está situación ocurra, es llevarlo a un momento dramático, que en muchos casos puede resultar fatal. Por ejemplo, he propuesto mecanismos que preserven a un presidente de una eventual acusación referida a la financiación de la campaña presidencial, porque me parece que no tiene sentido mantener sub judice a las personas que tienen la enorme responsabilidad de dirigir un país. Mantener unas dudas sobre su respeto a la ley, su honestidad o su transparencia. Me ha parecido que esa sospecha es una manera de debilitar gravemente el sistema político
Y en una situación tan politizada es, también, imposible que se respete como corresponde el sagrado derecho de la presunción de inocencia.
En este momento se podría afirmar que los temas de inseguridad y de impunidad selectiva se van a convertir en elementos fundamentales de la retórica política y, así, la campaña electoral puede verse distorsionada por dos temas, inseguridad e impunidad selectiva, que pueden disminuir la importancia de los que serían más significativos para el futuro del país.
*Exministro de Estado
