En una alerta temprana la Defensoría del Pueblo advierte que, los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta, están siendo copados por estructuras criminales, que buscan imponer su ley.
Se trata de los combates que a diario vienen librando estas estructuras por la supremacía territorial, como en el caso de la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.
Se trata de la Alerta Temprana (AT) 010 de 2025 para los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar y Riohacha, en el departamento de La Guajira, en razón a la disputa armada entre estos grupos, que también afecta al Magdalena.
Lo anterior, en virtud que la Defensoría del Pueblo, es una entidad del resorte nacional que vela por la salvaguarda de los derechos humanos en Colombia, los cuales en estos momentos no se está cumpliendo en los sectores mencionados.
“El intento por consolidarse en los cascos urbanos y las zonas rurales tiene en riesgo extremo a los habitantes de las zonas urbanas y rurales de los dos municipios y de la capital guajira, entendido como la expansión territorial, militar y política que pretende el EGC, a través de su Frente ‘Francisco José Morelos Peñate’, del Bloque Nelson Darío Hurtado, y el recrudecimiento hegemónico de las ACSN, por medio del accionar de su ‘Frente Javier Cáceres’, expresa el documento de la Defensoría del Pueblo.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Igualmente advierte que, la actual situación puede derivar en graves impactos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH), personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales.
“Todas están expuestas a múltiples repertorios de violencia, que incluyen confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos prolongados, reclutamiento y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de ‘normas de conducta’, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas”, expresa en otros de sus apartes el documento.
Revela la información que, la presencia armada de esos grupos armados no estatales despoja a las comunidades de sus derechos, fragmenta el tejido social, impone economías criminales y amenaza directamente bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (DIH), como escuelas, centros de salud y lugares sagrados de los pueblos indígenas.
“Además, los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta están siendo copados por estas estructuras, que buscan imponer “gobiernos de facto” (sin un fundamento legal) mediante la violencia, el miedo y el control social”, subraya.
La entidad recomienda incluir el fortalecimiento de la reacción pronta a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el despliegue sostenido de operaciones de disuasión por parte de la fuerza pública, a partir de un enfoque de seguridad humana, la implementación de medidas de protección colectiva para pueblos indígenas y afrodescendientes, la activación de respuestas humanitarias ante posibles desplazamientos masivos, el impulso de políticas que mitiguen las condiciones de exclusión social que alimentan el conflicto armado, entre otras.
