Una amenaza volvió a sacudir al sistema judicial colombiano. Esta vez, la estructura criminal del Clan del Golfo –o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– declaró como objetivos militares a jueces y fiscales que operan en el departamento del Cesar.
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En el documento, que consta de una sola página y con fecha del 13 de abril, lleva las siglas de las AGC, se anuncia sin rodeos una nueva fase de su plan pistola, esta vez no contra policías ni militares –que ya han dejado 27 víctimas fatales en las últimas semanas– sino contra operadores judiciales, a quienes acusan de actuar «contra la organización».
“Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”, dice de forma textual el panfleto, acompañado por una imagen en la que aparecen tres hombres con camuflados, armados y manipulando un computador en lo que parece ser un campamento guerrillero.
En el panfleto amenazante se mencionan con nombres propios a dos funcionarias de la Rama Judicial: la fiscal Lina Oñate y la jueza Mónica Quiroz, ambas adscritas al distrito judicial de Valledupar.
Según fuentes cercanas al caso, ambas se han destacado por llevar procesos claves contra cabecillas o colaboradores del Clan del Golfo, razón por la cual habrían sido blanco de este acto intimidatorio.
La gravedad de la amenaza obligó a la Comisión de Género de la Rama Judicial a pronunciarse públicamente y activar un protocolo de protección urgente.
Rechazamos de manera contundente las amenazas que están ejerciendo de forma indebida los llamados Clan del Golfo en nuestra seccional del Cesar. No es posible que nuestros funcionarios no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre
Magda Acosta
Presidenta de la Comisión
Además, extendió un mensaje de respaldo, en especial hacia las mujeres judiciales afectadas: “Acompañamos de manera muy especial a las mujeres que integran este distrito judicial y les mandamos un mensaje de solidaridad y apoyo. No permitiremos que ningún funcionario judicial sea víctima de amenazas o de fuerza indebida”.
Este episodio ocurre en medio de una ofensiva sangrienta del Clan del Golfo, que ha declarado una guerra abierta contra la institucionalidad. En lo que va de abril, al menos 27 miembros de la fuerza pública han sido asesinados en distintos puntos del país, en ataques sistemáticos que evidencian un plan de retaliación por operativos recientes y condenas impuestas a sus cabecillas.
Ahora, con esta escalada contra el poder judicial, el conflicto escala peligrosamente a un nuevo nivel. “Este panfleto representa una amenaza directa a la columna vertebral de la justicia en Colombia. No es solo una intimidación a personas: es una advertencia contra el Estado de derecho”, dijo una fuente del Consejo Superior de la Judicatura.
Ante la situación, el presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía reforzar operativos contra el Clan del Golfo. También se contempla la reubicación de algunos jueces y fiscales en riesgo y la asignación de esquemas de seguridad adicionales.
Desde el Ministerio de Defensa se confirmó que ya se han desplegado tropas adicionales en puntos estratégicos del Cesar y zonas limítrofes con el Magdalena, Antioquia y Córdoba, donde las AGC tienen fuerte presencia.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado rechazando las amenazas y reiterando su compromiso de continuar las investigaciones contra organizaciones criminales, “sin ceder a chantajes ni presiones de ningún tipo”.
¿Qué se sabe del panfleto?
El documento fue distribuido por redes sociales cerradas de mensajería y luego impreso en papel, según las primeras indagaciones. Ya se encuentra en poder de las autoridades y forma parte de una investigación liderada por la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana. También intervienen unidades especializadas de inteligencia militar.
A pesar del temor que hoy se respira en Valledupar, los jueces y fiscales han seguido asistiendo a los estrados, con mayor vigilancia y bajo protocolos de seguridad, pero sin ceder a la presión, dijo uno de los fiscales a EL TIEMPO.
El funcionario destacó que la amenaza del Clan del Golfo es una alerta nacional: No solo por lo que implica para quienes la recibieron, sino por lo que representa: el crimen organizado intentando doblegar la justicia mediante el terror.
El país espera una respuesta firme, clara y efectiva del Estado. Porque si la justicia se arrodilla ante la intimidación, todos perdemos, destacó.
/ElTiempo
