La Procuraduría abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero, por presuntamente haber solicitado de dinero a personas que hicieron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información publicada en medios de comunicación, el parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento.
De igual manera, Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario.
Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas, la entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
DOBLE RACERO
En la mañana del pasado domingo 29 de septiembre el representante David Racero se pronunció sobre la columna de Daniel Coronell publicada por Cambio en la que se denuncias presuntas irregularidades en un Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Señaló que, en aras de mostrar transparencia, llevará la denuncia ante la Procuraduría y la Corte Suprema.
“Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad”, escribió en su cuenta de X.
En la columna publicada por la revista Cambio, el periodista Daniel Coronell señaló posibles conductas irregulares cometidas por el congresista David Racero, actual representante a la Cámara y miembro destacado del movimiento político de Colombia Humana. Coronell, que inicialmente destacó las virtudes de Racero como una persona de convicciones y dedicada a su trabajo legislativo, cuestionó algunas de sus actuaciones a raíz de una serie de mensajes de WhatsApp que han salido a la luz.
Los mensajes sugieren que Racero podría haber incurrido en prácticas como el cobro de parte de los ingresos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o la asignación de tareas particulares a empleados públicos. En el centro de estas acusaciones se encuentran las comunicaciones con Estefanía Montoya, miembro de su UTL, y su esposo, Yidis Gahona, también exasesor de Racero.
LOS MENSAJES COMPROMETEDORES
Uno de los episodios mencionados por Coronell data del 22 de diciembre de 2019, cuando Montoya, que era asesora V en la UTL de Racero, recibió un mensaje del congresista en el que le preguntaba cuánto recibía mensualmente. Montoya respondió que su salario era de 8.158.000 pesos y que entregaba 3.500.000 a su esposo, quedando para ella 4.300.000 pesos. Ante esta respuesta, Racero simplemente respondió “OK. Tenlo ahí”, lo que sugiere, según Coronell, una posible relación económica entre los ingresos de la asesora y el congresista.
Racero, consultado por Coronell, negó que esta conversación reflejara una práctica irregular y explicó que él y Montoya solían prestarse dinero mutuamente. Sin embargo, la frase “cada mes me pagan” utilizada por Montoya, y la coincidencia de la cifra con el salario de una asesora V en ese momento, genera dudas sobre la veracidad de esta explicación.
Otro intercambio de mensajes, fechado en mayo de 2019, revela que Racero le pidió a Montoya que pagara su tarjeta de crédito con un saldo de 2.375.000 pesos, pese a que él mismo había señalado que le debía dinero a ella. Esta situación alimenta aún más las sospechas de que el salario de la asesora podría estar siendo utilizado para cubrir gastos personales del congresista.
TAREAS PRIVADAS
El caso de Leonardo García, otro miembro de la UTL de Racero, también es motivo de controversia. Según la columna, en medio de la pandemia, el congresista habría solicitado a García que trabajara en un mercado de frutas y verduras (Fruver) que el propio Racero tenía en la zona de Villa Luz, en Bogotá. Un mensaje de García al congresista sugiere que el asistente legislativo se encargaba de tareas relacionadas con el manejo del establecimiento, lo que podría constituir una violación a las normas éticas y legales sobre el uso de recursos públicos.
En los mensajes, García le pregunta a Racero si debía seguir asistiendo al mercado, a lo que el congresista responde que efectivamente necesitaba su apoyo. Además, las comunicaciones revelan detalles sobre las ganancias diarias del Fruver y el manejo de la caja registradora, lo que indicaría que García estaba involucrado en la operación comercial del negocio.
Racero, por su parte, aseguró que García solo lo acompañaba al Fruver y que en alguna ocasión pudo haber ayudado a cargar cajas, pero negó que el asistente tuviera un rol activo en el negocio. Sin embargo, los mensajes citados en la columna sugieren lo contrario.
¿A QUÉ SE EXPONE RACERO?
La lista de congresistas que han cobrado a los miembros de su UTL un porcentaje de su sueldo es larga y hay hasta condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los casos más recordados es el de la exsenadora Regina Betancourt, conocida como regina 11. Ella amenazó a miembros de su UTL y les dijo que si no les daban un porcentaje de su salario perderían el empleo.
Finalmente, el Consejo de Estado decretó su muerte política y fue condenada a pagar 48 meses de prisión domiciliaria.
Otro es el caso del representante a la Cámara por Cambio Radical Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, quien fue condenado en 2017 por los delitos de peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 14 años de prisión y debió pagar una multa de más de 600 millones de pesos.
Pero Racero no es el único miembro del Pacto Histórico involucrado en este tipo de irregularidades. El exsenador César Pachón, ahora director de Agencia de Desarrollo Rural, tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión. Al parecer, Pachón habría contratado a una persona en su UTL para que, de ese sueldo, pagara una deuda que tenía pendiente con el congresista./Colprensa
