La Unidad ha detectado que personas inescrupulosas cobran a las víctimas del conflicto armado por trámites gratuitos en el Registro Único de Víctimas.
La Unidad para las Víctimas, en colaboración con el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes (GIPF), llevó a cabo una presentación reciente que destacó el alarmante aumento de fraudes en los trámites y servicios ofrecidos por la entidad.
El evento, que reunió a más de 200 participantes, incluyendo víctimas, líderes comunitarios y funcionarios del departamento, fue diseñado para informar y educar sobre las diversas modalidades de fraude que están afectando a los solicitantes. La charla abordó las estrategias más comunes que los delincuentes utilizan para engañar a las personas en busca de ayuda y reparación.
Desde la creación de la Unidad para las Víctimas hasta el primer trimestre de 2024, se han recibido un total de 9.561 quejas relacionadas con fraude. De estas, 3.646 han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.
En particular, en el departamento de Magdalena, se han presentado 532 quejas durante el mismo período. De estas, 271 han sido reportadas a la Fiscalía por delitos que incluyen falso testimonio, fraude procesal, fraude en el Registro Único de Víctimas (RUV) y falsedad de documentos. Este dato resalta la magnitud del problema y la necesidad urgente de medidas efectivas para combatirlo.
Durante la charla, el equipo jurídico de la Unidad enfatizó la importancia de que tanto las víctimas como los servidores públicos y otros profesionales comprendan cómo identificar y reaccionar ante estos fraudes.
Se destacó que estos actos fraudulentos no solo afectan a las víctimas directamente, sino que también interfieren con la implementación efectiva de la política pública destinada a la reparación y apoyo. El objetivo del evento fue equipar a los asistentes con el conocimiento y las herramientas necesarias para prevenir el fraude y fomentar la denuncia, permitiendo así que las autoridades puedan investigar y procesar a los responsables de estos delitos.
Audes Jiménez González, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, subrayó la importancia de proporcionar recursos y asesoramiento tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos y profesionales judiciales para asegurar que los fondos destinados a la reparación lleguen a su verdadero destino.
En ese sentido, Jiménez González expresó su preocupación por el hecho de que muchas quejas no se denuncian formalmente, lo que limita la capacidad de la Unidad para abordar estos problemas de manera efectiva. «Estamos trabajando para asesorar a las víctimas y garantizar que puedan acceder a sus derechos sin la necesidad de intermediarios. «Hacemos un llamado a la ciudadanía para que rompa el silencio y colabore en la erradicación de esta cultura de fraude», concluyó la directora territorial.
