Los escándalos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre no paran. Pero desde luego todo lo que se está conociendo ya se había advertido. El turno ahora es para las llamadas ´ollas comunitarias´ las cuales ´cocinaron un sancocho´ de corrupción donde se gastaron 20 mil 400 millones de pesos. Fueron contratos entregados por este Gobierno en octubre del año pasado.
El nuevo director de la Unidad, Carlos Carrillo, sigue entregando información sobre las graves irregularidades en millonarios contratos de proveeduría que heredó de Olmedo López, excabeza de esa entidad implicado en el millonario escándalo de carrotanques para llevar agua a La Guajira y a quien el ministro del Interior Fernando Velasco llamó ´raterito´.
En el caso de los carrotanques, investigadores del CTI de la Fiscalía General rastrean un soborno por 7.200 millones de pesos, que llevó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, a ofrecer colaboración con la Fiscalía dentro de una matriz en la que incluyó a los presidentes de Senado, Iván Name; y al de la Cámara, Andrés Calle.
Una de las pistas en este caso es el rastreo de la ejecución de este programa en Córdoba. Allí denunciaron que Víctor Meza -exsubirector de la Ungrd oriundo de ese departamento- firmó una orden de proveeduría el 20 de septiembre de 2023 por 2.268 millones de pesos, mientras su hermano era cabeza de lista del Pacto Histórico a la Asamblea. Por eso la Procuraduría ya ordenó la práctica de pruebas para establecer si el programa fue usado con fines políticos.
Y ayer de la misma Unidad se dio a conocer otro millonario contrato, entregado también por Víctor Meza, a una asociación de Uribia, La Guajira: Asociación de Madres Trabajadoras ‘Asomadoras’.
Además de la vitualla para el sancocho, en las ´ollas comunitarias´ se cocinó un suculento plato de corrupción. No hubo control de nada. No se sabe si le echaron costillas carnudas o hueso de aguja, no se sabe si le echaron papa, ñame, platano, no se sabe nada, pero la plata si la pagaron.
«Yo siento que hay unos intereses y unos actores políticos muy poderosos que están ahí en Uribia y en otros sectores y creo que eso sin duda enrarece el ambiente. Ya suficiente problema hemos tenido con los carrotanques para que ahora lo vayamos a tener con las ollas comunitarias», aseguró Carrillo.
CURIOSO OBJETO
Ayer el periódico El Tiempo dijo que investigó y estableció que el objeto social de ‘Asomadoras’ es el de actividades de práctica médica, odontológica y apoyo terapéutico, entre otras actividades propias de este tipo de asociaciones. El contrato fue entregado el 31 de octubre de 2023, y asciende a 20.400 millones de pesos. ‘Asomadoras’ fue matriculada en junio de 2006 en Uribia y aparece como representante legal Inés Mercedes Quintana de Gómez.
LOS OTROS CONTRATOS
Sobre esta asociación se sabe que ha tenido contratos desde 2019 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atención a la primera infancia en La Guajira, que suman 9.449 millones de pesos, para la prestación de servicios en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y hogares comunitarios para niños y niñas de la primera infancia en La Guajira.
Por ahora la Ungrd y organismos de control le siguen el rastro al millonario contrato para determinar si hubo o no algún tipo de irregularidad en su entrega.
A Carlos Carrillo, el actual implacable director de la Unidad, le parece que la entrega de este contrato por parte de la administración de Olmedo López, defraudó la confianza del presidente Petro, al contratar a un operador por 20 mil millones de pesos, sin tener claro la debida supervisión del contrato.
