En medio de un desencuentro con el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Salazar, por cuestionamientos a la legitimidad del tribunal, el recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez aseguró que diez años después de la firma, el Acuerdo de Paz ha sido “un acuerdo mal hecho, mal diseñado que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”.
Durante la audiencia nacional de seguimiento a las medidas de protección para los firmantes, Ordoñez aseguró que “el gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad”, y agregó que esta solo será posible en la medida que el tribunal consiga “resultados y transparencia”.
“La jurisdicción especial para la paz es legal, es constitucional, tampoco hay discusión. Pero después de 10 años de firmado el acuerdo y de haber prometido en su momento quienes lo suscribieron que no habría impunidad, que no había repetición de la barbarie, que habría por parte de los perpetradores reparación real a las víctimas, además de verdad y desmantelamiento de los negocios ilícitos, el gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. Y la legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, afirmó Ordoñez.
Ante dichos cuestionamientos, el Magistrado Gustavo Salazar interrumpió la intervención de Ordoñez para decirle que “No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección”, y señaló como “de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP”.
Como parte de sus reparos, Ordoñez señaló que la Jurisdicción es consciente de la mora procesal que atraviesa, y “de la necesidad imperiosa de desatar los cuellos de botella que han ralentizado definiciones de fondo”.
En ese sentido, señaló que “en el tiempo que le resta”, la Jurisdicción tiene la “oportunidad cierta de demostrarle al país que es capaz de materializar la justicia, de cerrar con rigor las los macrocasos pendientes y de consolidar la resolución definitiva de conclusiones que otorguen certidumbre a los comparecientes y reparación a las víctimas”.
Frente a las medidas de seguridad, Ordóñez aseguró que la protección de los firmantes, sus familias, las víctimas y los testigos es una prioridad del Gobierno Nacional, y aseguró que junto a la UNP se revisará la asignación de los esquemas, de los vehículos blindados y los hombres de protección para “quienes realmente lo requieran, no son a perpetuidad”.
“Magistrados, que el país pueda ver que las sanciones impuestas a quienes cometieron actos de terrorismo o a los agentes del Estado que violaron los derechos humanos, sean de verdad que en realidad exista un arrepentimiento, reparación y respecto a la víctima. Para eso estamos listos”.
También aseguró que el Ministerio atenderá las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las advertencias de otros organismos, y agregó que el Gobierno está dispuesto a “coordinar los esfuerzos gubernamentales y territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad”, para que los comparecientes puedan cumplir las sanciones propias impuestas por la JEP.
“No discutiremos las sentencias. Las respetamos. Pero si el gobierno fue elegido para levantar la voz y exigir justicia y reivindicar los derechos de las víctimas, es nuestro compromiso”, concluyó.
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