La Corte Constitucional reiteró que el Congreso, en la próxima legislatura, debe pronunciarse sobre las sanciones que se deben imponer a las personas que difunden, sin consentimiento, contenidos digitales íntimos de otra persona.
De acuerdo con el alto tribunal, hoy en día hay un vacío en la forma como se sancionan estas conductas, lo que deja sin protección a muchas víctimas.
Este llamado hace parte de una decisión, tomada por la Sala Segunda de Revisión, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la presidió, en la que se estudió la tutela de una mujer cuya expareja accedió sin consentimiento a videos íntimos que ella usaba como forma de trabajo en plataformas digitales.
La mujer, a la que la Corte se refirió como Ángela, presentó la tutela en nombre propio y de su hija. Su expareja, a la que le dio el nombre de Esteban, accedió al material íntimo, que hacía parte de la actividad en la que trabajaba como modelo de contenido para adultos.
Ángela no quería que su entorno familiar conociera este contenido, para proteger a su hija.
Sin embargo, Esteban compartió ese contenido con Milena, su nueva pareja, y entre los dos la amenazaron con divulgarlos.
La Corte Constitucional sentenció que exhibir los videos íntimos en una plataforma que está diseñada para ese fin no implica que una persona renuncie a sus derechos fundamentales ni tampoco le da autorización a otra persona para utilizar ese el material con un fin distinto del que fue creado.
Según dijo la Corte, la difusión no consentida de contenidos íntimos es un acto de violencia digital y sexual y en este caso era una amenaza que podía afectar a la menor de edad.
En ese sentido, la Corte ordenó a Esteban y Milena eliminar definitivamente todos los vídeos, imágenes o contenidos íntimos que estuvieran en su poder, en cualquier medio.
Sin embargo, señaló que no existe en Colombia un tipo penal que establezca las consecuencias jurídicas de la difusión no consentida de contenidos íntimos, lo que deja un vacío de protección a muchas víctimas frente a este tipo de conductas.
Por eso, reiteró el llamado que ya se le hizo al Congreso en la Sentencia T-184 de 2026 para que se pronuncie sobre las consecuencias punitivas derivadas de la difusión no consentida de contenidos íntimos.
Pero, además, compulsó copias a la Fiscalía porque la situación descrita en la tutela podría enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal.
/COLPRENSA
