La persistente violencia en Norte de Santander, marcada por el asedio de grupos armados ilegales que disputan rentas criminales, extorsión y economías delictivas, pone sobre la mesa una discusión tan sensible como polarizante: la posibilidad que el Gobierno Nacional ordene la militarización del departamento. Frente a este panorama es imperativo analizar con rigor conceptual que significa involucrar las Fuerzas Militares en la seguridad interior, sopesando los riesgos institucionales y civiles, frente a los aciertos estratégicos de una medida de este tamaño.
Para evitar falsas expectativas es fundamental delimitar los conceptos. La Asistencia militar es un mecanismo legal reglado, mediante el cual, ante alteración del orden público que desborde la capacidad operativa Policial, las autoridades con funciones de policía pueden solicitar el apoyo temporal de las Fuerzas Militares; su rol será de apoyo y complementariedad bajo control operativo de las autoridades civiles y policiales, manteniendo el marco de los Derechos Humanos. Por otra parte, Militarización, conceptualmente, implica desplazar el eje de la seguridad ciudadana hacia la doctrina de Defensa Nacional y confrontación militar. En este escenario, las Fuerzas Militares asumen un protagonismo ampliado en la gestión territorial, incluyendo disuasión, combate, control zonal, pero con riesgos elevados- por la observancia de los Derechos Humanos- posible permeación de la investigación judicial, y erosión a la confianza ciudadana.
Mirando al Norte de Santander, observamos una crisis estructural de seguridad agravada y economías ilegales, donde la intervención militar presenta aciertos, como la recuperación territorial mediante la presencia militar en corredores estratégicos como el Catatumbo, neutralización de estructuras ilegales y reducción en maniobra de economías criminales. Permite además enviar un mensaje de respaldo y apoyo a las autoridades regionales, blindar vías, oleoductos e infraestructuras que sufren constantes ataques de armados ilegales. Militarizar un departamento no es magia, pues trae riesgos y consecuencias que se deben calcular; las Fuerzas Militares están diseñadas para defender la soberanía, pero usarlas permanentemente en funciones de seguridad interior, desgasta la tropa generando abusos de autoridad. La presencia militar actúa sobre el síntoma no sobre la causa. Sin una inversión social acompañando la militarización, no existe solución permanente, solo un efectivo control territorial y el desplazamiento momentáneo de ilegales, que regresaran al retiro de las tropas. Más aún, no podemos olvidar el riesgo de poblaciones en medio del fuego.
La militarización del Norte de Santander no puede ser una salida desesperada, ni prolongada. Es prioritario fortalecer las capacidades de la policía para mantener la seguridad ciudadana. El despliegue de fuerzas militares, bajo asistencia militar, es una alternativa que debe entenderse como temporal, extraordinaria, preservando la independencia y misionalidad de Fuerzas; el éxito de la intervención del Estado permite integrar efectivamente la llegada de la inversión social, el brillo de la justicia, el control de orden público y el fortalecimiento de su policía.
*Exdirector de la Policía Nacional
