El proyecto de la Ley de Sometimiento ya quedó oficializado con la firma que realizó ayer miércoles, 4 de noviembre, en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella en el término legal correspondiente.
La sanción presidencial, de esta forma, oficializa la entrada en vigencia de ley 2640, que tiene como objeto “definir la política estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la transformación territorial integral y el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas que afecten la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos“.
El documento, además, quedó firmado por el presidente del Senado, Honorio Enríquez; de la Cámara, Nicolás Barguil; así como por los ministros de Justicia, Iván Cancino; y del Interior, Alejandro Ordóñez, quien fue posesionado este miércoles.
Después de la firma presidencial, el acto será publicado en el Diario oficial, y de esta manera, la ley 2640 comenzará a regir y se convierte, oficialmente, como de obligatorio cumplimiento a partir del momento que la norma dispone.
La Ley de Sometimiento descarta completamente las negociaciones y diálogos de carácter político con organizaciones criminales y narcoterroristas, es decir todo lo que integraba la denominada “Paz total” de la administración de Gustavo Petro.
Además, establece un tratamiento penal diferenciado para quienes se sometan a la justicia, por ejemplo para los integrantes de base dispone de una reducción de hasta el 50% de la pena, y para Cabecillas y mandos, una reducción de hasta el 30% de la pena, con un cumplimiento mínimo de 10 años de prisión efectiva. Sin embargo, el Gobierno exige que para acceder a los beneficios, los sometidos deberán entregar las armas, suministrar información para el desmantelamiento de las estructuras, entregar también los bienes ilícitos y liberar a los secuestrados.
También, contempla la suspensión de la ejecución de la pena durante los primeros 180 días para los integrantes que busquen colaborar con la justicia.
Además, el Gobierno otorga un día de rebaja por cada día de trabajo en desminado, erradicación manual o justicia restaurativa.
La Ley de Sometimiento también incluye restricciones para las organizaciones que recluten menores de edad: los beneficios disminuyen con un máximo 10 por ciento para mandos y 30 por ciento para otros miembros, con un cumplimiento mínimo de 10 años en prisión.
