Tras la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de excluir la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno fortalecer los mecanismos de seguimiento y garantizar que continúe su implementación.
La entidad advirtió que la modificación reduce el acompañamiento internacional a uno de los componentes centrales del acuerdo, relacionado con el acceso a la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y étnicas y la reducción de las desigualdades territoriales.
Por eso, hizo un llamado al Ejecutivo para que garantice la continuidad de la Reforma, fortalezca los mecanismos de vigilancia y asegure la participación de las comunidades rurales en las decisiones.
“La modificación del mandato de verificación no reduce ni modifica las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Los compromisos del Acuerdo trascienden los gobiernos y deben continuar siendo una prioridad para todas las instituciones”, agregó la entidad.
La Defensoría insistió en que la seguridad de las comunidades requiere avanzar también en las transformaciones sociales, económicas e institucionales pactadas.
“La paz no se consolida únicamente con la reducción de la violencia. También exige cumplir las transformaciones que el país acordó para superar las causas estructurales del conflicto”, concluyó.
La prórroga de la Misión hasta el 31 de octubre de 2027 fue aprobada por unanimidad el pasado viernes en el Consejo de Seguridad.
La exclusión de la Reforma fue una respuesta a la solicitud del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que pidió concentrar las tareas de verificación en la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para los firmantes.
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