La puja política entre los sectores de oposición y el abelardismo en el Congreso llegó ahora hasta las instancias del Consejo de Estado, ante el cual fue denunciado el principal congresista que apoya al presidente Abelardo De La Espriella, el senador Enrique Gómez.
Los senadores opositores, Wilson Arias, del Pacto Histórico y Ariel Ávila, Alianza Verde, presentaron denuncia de pérdida de investidura porque en su criterio el senador Gómez intervino en el trámite del presupuesto general de la nación, incluso con la presentación de proposiciones cuando el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es su hermano.
El senador del petrismo Wilson Arias al respecto dijo: “denuncié a Enrique Gómez ante el Consejo de Estado por conflicto de intereses; el congresista metió mano al presupuesto general de su hermano, el ministro Miguel Gómez. Uno hace el presupuesto, el otro lo modifica a su conveniencia. Si se falla en derecho, perdería su curul”.
Por su parte el senador Ávila aseveró que el senador Gómez, quien además es el presidente de la Comisión Primera del Senado, presentó proposiciones durante el primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, las cuales fueron aprobadas, pero en el trámite ya en la plenaria Gómez se declaró impedido para votar el mismo proyecto por ser hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Precisa el senador Ávila que fueron dos las proposiciones que radicó, la 409 y la 410, con las cuales se planteó el recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ser trasladados a las finanzas de la justicia ordinaria, que fueron aprobadas.
El senador precisa que Gómez se tuvo que declararse impedido desde el mismo debate en las comisiones conjuntas y no haberse esperado hacerlo para la sesión plenaria. Recuerda que así lo señala el artículo 182 de la Constitución, en donde se expresa que los congresistas deben informar a su cámara las situaciones de carácter moral o económico que les impidan participar en el trámite de un proyecto.
Tras estas denuncias de los senadores opositores ahora el Consejo de Estado deberá decidir si se acoge la misma y quién sería el magistrado que lleve la investigación.
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