Como se esperaba, este miércoles en la Comisión Primera del Senado, la bancada gobiernista logró que aprobar el acto legislativo con el cual se anticiparía para el 2028 el fin de la vigencia de la Justicia Especial de Paz (JEP), aunque tuvo serios cuestionamientos de bancadas de la coalición como el liberalismo.
Este fue el primero de los ocho debates que debe tener este proyecto, que por ser una reforma a la Constitución Política deberá tener dos vueltas, la primera de ella se tendrá que cumplir antes del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso el 16 de diciembre próximo.
Para la votación se retiró la oposición en cabeza del Pacto Histórico, que como con senadoras como Isabel Zuleta, defendieron la vigencia ampliada que se aprobó en su momento para la JEP, que podrá ir hasta el año 2033, es decir cinco años más.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Clara Posada, presentó algunas modificaciones al articulado.
“Se votaron unas modificaciones al sistema transicional de justicia y en particular tres proposiciones del Centro Democrático que llegan a contribuir favorablemente con generar un equilibrio que ha sido negado a los miembros comparecientes de la fuerza pública. Lo primero es que las sentencias condenatorias proferidas por la JEP tengan trámite automático al grado jurisdiccional de consulta y sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
Otra, explicó “fue que las tutelas contra providencias emitidas por la JEP sean conocidas también por la Corte Suprema de Justicia y no por una salita especial que ellos mismos crearon para ser juez y parte. Y la tercera es eliminar ese mico que habían metido en el momento de la negociación que era crear una sala para el seguimiento que puede extenderse por 20 años más, después del fin inicial de este de este sistema jurisdiccional, es decir, de 2033 esta sala de seguimiento permitía que la Jurisdicción Especial para la Paz existiese hasta 2033”.
Por su parte el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa indicó que con los liberales “no van a contar para acabar con la JEP” de forma anticipada, pero aclaró que “sí van a contar para hacer las correcciones que se requieran”.
Precisó además que “creo honestamente que el proyecto que presenta el doctor Enrique Gómez de acto legislativo no soporta un juicio de sustitución constitucional en la Corte Constitucional. Porque claramente el artículo segundo del acto legislativo establece que mínimo durante tres periodos presidenciales completos debe haber vigencia de la JEP, eso se completaría el 7 de agosto del año 2030”.
La JEP por su parte indicó que «la reducción de la duración de la JEP a diez años, esto es, hasta marzo de 2028, podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido».
Igualmente señaló la JEP que «trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria podría afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. El cierre anticipado de la JEP podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia y reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional, además de trasladar procesos de alta complejidad a una justicia ordinaria que ya enfrenta graves problemas de congestión».
Finalmente establecieron que «la terminación de una jurisdicción no equivale a la culminación de la justicia. Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por
la imposición de un plazo improrrogable».
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