En Corea del Sur, la presidenta Park Geun-hye fue destituida y condenada por un escándalo de corrupción que involucró a su confidente. En Malasia, el primer ministro Najib Razak terminó en prisión por el desvío de recursos públicos. Y en Perú, Alejandro Toledo recibió una condena de más de veinte años por los sobornos de Odebrecht. Tres países, tres mandatarios caídos y una lección: la investidura presidencial no puede ser un escudo de impunidad frente a la justicia.
Colombia ofrece un contraste inquietante. El proceso 8.000 destapó el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper y estremeció al país. Varios de sus allegados fueron condenados, pero la Cámara precluyó la investigación contra el mandatario. Su explicación de que todo había ocurrido “a mis espaldas” quedó grabada como una burla. Y Samper no se cayó.
Tres décadas después, Gustavo Petro tampoco se cayó, pese a una sucesión de escándalos cuyos primeros eslabones aparecieron antes de su posesión: el llamado pacto de La Picota, vinculado a gestiones de su hermano; las denuncias de dineros recibidos por su hijo Nicolás; los audios de Benedetti sobre $ 15.000 millones presuntamente recaudados para la campaña en la costa y los cuestionados aportes de ‘Papá Pitufo’. Después llegó la sanción del CNE a la campaña por irregularidades en su financiación.
Ha llegado la hora de someter a Gustavo Petro y su mandato a un juicio político ante el país.
La lista es tan larga como estremecedora: la maleta de Laura Sarabia, el polígrafo y las chuzadas; la contratación de pasaportes; las adjudicaciones a empresas del clan Torres y las investigaciones sobre el mantenimiento de helicópteros militares; y mucho más. Hechos de distinta naturaleza y gravedad. Pero el entramado de la UNGRD le puso el sello a la corrupción petrista: carrotanques con sobrecostos y miles de millones destinados a emergencias que habrían terminado en sobornos a congresistas.
Lo más inquietante es que casi todas las denuncias provienen del propio círculo de Petro. Las actuaciones judiciales alcanzan a Carlos Ramón González, Olmedo López, César Manrique, Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla y a los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle, entre otros. Hay condenas, capturas, prófugos y procesos pendientes. No son simples rumores.
Y sumemos las investigaciones contra Ricardo Roa, gerente de campaña y expresidente de Ecopetrol; las gravísimas denuncias de presuntos contratos públicos a cambio de servicios sexuales y las acusaciones de Eva Ferrer, la más cercana colaboradora de Verónica Alcocer, sobre supuesto tráfico de drogas y dinero en aviones oficiales. También el “pacto de Valledupar”: presunto intento de utilizar a exjefes paramilitares para involucrar a opositores en delitos, cuya orden atribuyen a Petro, quien la niega. Señalamientos gravísimos que exigen esclarecimiento, no simples rechazos mediáticos. Una denuncia no es una condena, pero negarla tampoco despeja las dudas ni equivale a una absolución.
La responsabilidad penal se prueba ante la justicia; la política, en un juicio ante la nación. La presunción de inocencia debe respetarse, pero no puede confundirse con una dispensa para rendir cuentas. Ha llegado la hora de someter a Gustavo Petro y su mandato a un juicio político ante el país: un debate público, abierto y riguroso que confronte denuncias, pruebas, daños y también explicaciones. No podemos resignarnos a esperar una respuesta que nunca llegará de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, convertida durante décadas en un cementerio de investigaciones. El fuero no es una patente de impunidad, ni la ineficiencia de su juez natural puede servir de coartada para que, una vez más, todo haya ocurrido “a mis espaldas”.
*Expresidente del Congreso
