La reparación económica a las personas afectadas por el conflicto armado avanzó en Santa Marta con una jornada de notificación y entrega de indemnizaciones judiciales y administrativas liderada por la Unidad para las Víctimas, que benefició a ciudadanos del Magdalena con recursos destinados a contribuir a sus proyectos personales y familiares.
La actividad permitió entregar 555 indemnizaciones, cuyo monto total superó los $10.277 millones, en un proceso que incluyó el cumplimiento de decisiones judiciales proferidas en el marco de Justicia y Paz, así como medidas de reparación administrativa para víctimas residentes en distintos municipios del departamento.
La directora general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, encabezó la jornada en la capital del Magdalena y destacó la importancia de avanzar en la reparación de quienes han enfrentado pérdidas y largos periodos de espera.
La funcionaria señaló que el propósito es que los recursos contribuyan a transformar las condiciones de vida de las víctimas y les permitan impulsar iniciativas económicas para ellas y sus familias.
Recursos por vía judicial
Del total entregado, $7.700 millones correspondieron a 287 medidas de indemnización judicial ordenadas en procesos de Justicia y Paz contra los postulados condenados Miguel Ramón Posada, Salvatore Mancuso, Jorge Alberto García Rueda y Arnubio Triana Mahecha.
Para dar cumplimiento a estas decisiones, el Fondo para la Reparación de las Víctimas administró y comercializó bienes de los responsables e incorporó recursos del Presupuesto General de la Nación.
De las medidas judiciales notificadas, seis fueron financiadas con activos vinculados a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en cumplimiento de sentencias contra Arnubio Triana Mahecha y Jorge Alberto García Rueda. Las 281 restantes se cubrieron con recursos nacionales como aportes subsidiarios del Estado, bajo la modalidad de pagos parciales de los valores reconocidos en los fallos.
Entre las personas beneficiadas, una de las receptoras de indemnización judicial manifestó que el dinero llegó en un momento oportuno para fortalecer un emprendimiento relacionado con un centro de atención, laboratorio y servicios de odontología.
La beneficiaria expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y señaló que los recursos contribuirán a consolidar esta iniciativa económica.
Entregas en ocho municipios
Por concepto de indemnización administrativa, la jornada incluyó la entrega de 268 cartas cheque por más de $2.577 millones, distribuidas entre víctimas residentes en Santa Marta y otros siete municipios del Magdalena.
Santa Marta concentró 87 entregas, seguida de Aracataca, con 66, y Ciénaga, con 38. También recibieron indemnizaciones personas de Ariguaní, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Zona Bananera y Cerro de San Antonio.
Los recursos representan una oportunidad para que las personas beneficiadas atiendan necesidades familiares y fortalezcan sus actividades productivas, de acuerdo con sus proyectos y prioridades.
Una de las beneficiarias de la indemnización administrativa manifestó que destinará el dinero a ampliar un negocio de meriendas que funciona en su vivienda, denominado ‘Meriendas Peracas’, con la expectativa de mejorar sus ingresos y construir un mejor futuro para su familia.
Avanza la reparación
La jornada realizada en Santa Marta se suma a otras entregas adelantadas por la Unidad para las Víctimas en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Boyacá, Chocó, La Guajira, Magdalena Medio, Nariño, Tolima y Putumayo.
La entidad anunció que continuará con encuentros de notificación e indemnización en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, como parte de las acciones dirigidas a garantizar los derechos de la población afectada por el conflicto armado.
Con estas entregas, la Unidad para las Víctimas busca avanzar en las medidas de reparación económica y facilitar que las personas beneficiadas destinen los recursos a sus proyectos productivos, necesidades familiares y procesos de recuperación después de los hechos de violencia.

