La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria General de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Iveth Susana Ayala Rodríguez, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación para actividades de capacitación y actualización de servidores públicos durante 2024.
La investigación adelantada por el Ministerio Público también vincula a la entonces coordinadora del Grupo de Contratos de la entidad, Ida Marcela Dickson Barrera, por hechos relacionados con las condiciones establecidas para los participantes en el proceso de contratación.
Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el proceso se habría exigido a los proponentes un certificado de acreditación de alta calidad, requisito que, de acuerdo con el Ministerio Público, estaría reservado para instituciones de educación superior y no sería exigible para actividades de educación informal.
La Procuraduría busca establecer las circunstancias en las que se habría establecido esta condición y si las actuaciones de las funcionarias pudieron afectar los principios que rigen la contratación estatal, entre ellos transparencia, economía y responsabilidad.
Por lo anterior, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
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